Haber planteado ayer aquí la interrogante de si los consumidores de drogas pueden también ser considerados “terroristas” provoca reclamos en lectores indignados, o simplemente interesados en el tema, que demandan una explicación.
Va:
Mucho se habla de lo importante que es “pegarles a las organizaciones delincuenciales donde más les duele”, o sea, en su economía, despojándolas del dinero que lavan en diversos giros de negocio, aparentemente ajenos a la venta de drogas.
Hace ya varios años, cuando cobraron auge los asesinatos de La Familia Michoacana y Los Templarios, eran frecuentes (como hasta la fecha) los hallazgos de cabezas humanas en Guerrero y el Estado de México, o de cadáveres completos con rastros de tortura y de cuerpos desmembrados y repartidos en bolsas de plástico en muchas otras entidades federativas, tuve la oportunidad de platicar con jóvenes adictos a la inofensiva mariguana, tan impactados como yo por la carnicería.
Se me ocurrió hacerles una pregunta que sigo considerando lógica: ¿están conscientes de que al comprar un carrujo de mota financian a esos criminales?
Reaccionaban con incredulidad: ¿a poco lo que se paga por una tacha alcanza para que alguien cometa un asesinato? Supongo que no, contestaba. Pero quizá con el importe de cinco, siete, diez churros a la semana, el narcomenudista pueda comprar una o más balas.
Mi posición les parecía “reaccionaria” y anticuada, pero la suya me desconcertaba por la elusión de su corresponsabilidad.
“Ustedes son clientes de esos criminales”, les decía, pero me tiraban a loco. Y de nada servía que los emplazara a resolver una simple operación aritmética: si el mercado nacional se calcula en determinado número de miles de millones de pesos y en un año hay 20 mil asesinatos relacionados con el narcotráfico, ¿qué proporción de cada muerto es responsabilidad de quien compra, digamos, 40 toques al mes? Sin saberlo, desde luego, ¿cuántos fumadores de yerba están detrás de cada descuartizado?
Lo sigo pensando.
Por lo mismo, dudo que, por más terror que provoquen sus crímenes, prospere aquello de que son “terroristas” las organizaciones mexicanas del narcotráfico.
El mismo adjetivo aplicaría para los millones de consumidores estadunidenses de drogas y los miles de vendedores de armas en establecimientos “legales” a lo largo de la frontera sur de Estados Unidos que abastecen los arsenales de nuestros “terroristas”.
La actitud del gobierno de Andrés Manuel López Obrador es acertada, pero no por las razones patrióticas que esgrime (repetitivas de frases comunes como el rechazo a la injerencia extranjera, el respeto entre los pueblos, autodeterminación y soberanía), sino porque la complejidad hace de éste un problema irresoluble… a menos que las instancias mexicanas de seguridad acaten lo que la 4T no quiere: la ley vigente contra los criminales.
