Con un razonamiento capcioso, el fiscal general de la República sostiene que “se acabó la verdad histórica” del caso Iguala.
Para intentar convencer de tan vulnerable aserto, Alejandro Gertz Manero esgrime un evidente sofisma: puesto que la mayoría de los inculpados en la masacre han sido excarcelados, la versión que dio Jesús Murillo Karam cuatro meses después del crimen fue, sencillamente, una mentira.
Vale la pena reparar en lo que implica descalificar aquel informe:
a) Los estudiantes NO fueron levantados por policías municipales de Iguala con apoyo de sus homólogos de Cocula.
b) Guerreros Unidos NO mató a los normalistas ni se deshizo de sus cuerpos.
c) En el basurero de Cocula NO ardió una hoguera ni se quemaron en ella muchos o todos los desaparecidos.
¡Ah, chingá!
Suponiendo sin conceder que lo dicho por el fiscal fuera cierto, ¿con base en qué investigación posterior lo asegura y cuál es entonces la nueva verdad sobre lo sucedido?
El silogismo de Gertz (lo acuñó ayer con Joaquín López-Dóriga en Radio Fórmula) está claramente viciado (por eso es un sofisma), ya que a los homicidas no se les consignó solo por sus declaraciones y confesiones, sino con base en el cúmulo de pruebas periciales, videos, evidencias y testimonios integrados en el expediente.
Si esos criminales consiguieron su libertad fue porque los magistrados del Primer Tribunal Colegiado del Decimonoveno Circuito (asentado en la narcozona de Reynosa) se prestaron para complacer a los representantes de los padres de Los 43 con una resolución demencial (que incluyó la orden de crear una Comisión de la Verdad y se le asignara al Ministerio Público la función de achichincle), en la que concedieron plena credibilidad a los asesinos que, pese haber admitido sin reparo su crimen, después alegaron tortura y entonaron la del Yo no fui.
Adicionalmente (como suele ocurrir), no faltaron errores de procedimiento y endémicas fallas del MP en los pliegos de consignación.
Un coctel de activismo político, artimañas jurídicas y violaciones al debido proceso es lo que está detrás de las liberaciones, pero nada de esto desmiente que los normalistas fueron levantados por municipales, asesinados por narcotraficantes y sus restos quemados.
A lo sofístico del fiscal se suma la sañosa persecución contra el ex director de la Agencia Criminal de Investigación Tomás Zerón, a quien se le achacan delitos de tortura, desaparición forzada, alteración de la escena de crimen, pérdida y ocultamiento de pruebas. En suma, ser quien “fabricó” la verdad histórica.
Medalla al mérito debiera otorgarle la Fiscalía de Gertz, porque gracias a ese investigador policiaco (no agente del MP) se conservan más de 17 mil fragmentos (casi todos carbonizados) que recuperó en el muladar de Cocula y en el río San Juan, de los que salieron las piezas con las que el laboratorio de la austriaca Universidad de Innsbruck pudo identificar a dos de los 43 desaparecidos.
