La insistencia en prolongar la participación del Grupo Interdisciplinario de la CIDH en la investigación del caso Iguala es insensata, no solamente porque el segundo plazo (vence el 30 de abril) fue de los seis meses que sus integrantes estimaron suficientes para llegar a conclusiones, sino porque su actuación por tiempo indefinido anularía de facto la responsabilidad constitucional del Ministerio Público.
Para los cinco especialistas debe significar un alivio el inminente vencimiento de la prórroga, ya que lo más relevante y digno de reconocérseles que han logrado (luego de poner en duda el basurero de Cocula como el sitio de quema de los cuerpos de los jóvenes) es la realización del tercer peritaje multinacional que sugirió su perito de confianza, que determinará si en ese muladar pudo o no arder el fuego necesario para el intento de desaparecer los restos del horrendo crimen.
Lo más importante de todo, que es dar con el paradero de los muchachos, no lo conseguirá (y menos con vida) el GIEI. Tampoco la PGR ni Dios, y de aquí a la eternidad persistirán las dudas.
