Desde que imagina que el Poder Judicial de la Federación está “para defender al pueblo”, cuando su papel es que se cumpla la Constitución y las leyes, el presidente López Obrador demuestra que lo suyo lo suyo no es la legalidad ni la justicia.
Ayer se le salió:
“Yo personalmente, en el caso de Ayotzinapa, como además no tengo duda de que hay injerencia de estos grupos conservadores, yo personalmente estoy conduciendo ya la investigación, yo la estoy dirigiendo…”.
La revelación delata su ignorancia de que no se requiere mayor evidencia que su propia palabra para demostrar su responsabilidad (a confesión de parte, relevo de prueba).
En su mañanera reveló la autoría intelectual de las ilegales persecuciones, acusaciones, órdenes de aprehensión, detenciones y encarcelamientos de personas que nada tuvieron que ver con la desaparición y asesinato de los normalistas de Ayotzinapa y que se ocuparon de aclararlo en sus líneas esenciales.
“Ya se ha avanzado. Nada más para que se tenga una idea, no hay en el mundo un caso en donde por esta terrible e injusta desaparición de los jóvenes, se tenga en la cárcel a dos generales, a miembros del Ejército, al procurador anterior, al señor Zerón, que aun con el conflicto de Israel con este grupo palestino, nosotros vamos a seguir insistiendo…”.
Son 13 los militares encarcelados, uno solo es general; al ex procurador Jesús Murillo Karam lo acusaron hasta de “desaparición forzada”, y sobre el prófugo Zerón pesan dos ridículos testimonios de tortura, tan ilusorios que ganó ya en tribunales que las autoridades mexicanas no vuelvan a mencionarlo como “torturador” mientras no exista una sentencia.
Las ilegalidades cometidas por la 4T en el caso Iguala son monstruosas.
Su falta de sentido común (factor clave de las leyes) la proyecta el Presidente asimismo al entrometerse, y mal, en la probable liberación anticipada del asesino de Luis Donaldo Colosio, y lo que dijo violenta y vulnera la autonomía de la Fiscalía General de la República, instancia que por mandato constitucional y legal investiga y persigue delitos: le ordenará “a la Secretaría de Gobernación” revisar el caso.
¿Gobernación y no la fiscalía de Alejandro Gertz? (o si es por morbo, algo quizás entenderá la Consejería Jurídica del Ejecutivo).
Ha sido obvia la ilegal operación oficial con la destartalada y sectaria Comisión Nacional de los Derechos Humanos como instrumento para liberar al homicida 15 años antes de cumplir la sentencia que se le dictó con base en el Código Penal Federal.
Y López Obrador carece de facultades para erigirse en Ministerio Público (ni abogado es).
En detrimento de la credibilidad y honorabilidad de la FGR, con el caso Iguala venía ya violentando su autonomía, invadiendo facultades y funciones desde la creación de una comisión de la verdad que no es tal y del subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, quien a su vez realiza, sin facultades legales, “investigaciones criminales…”.
