Consecuente con el papel de porro contra el Poder Judicial que asumió con el acarreo a la capital de burócratas estatales y municipales de Veracruz para injuriar y representar en ataúdes a los ministros de la Suprema Corte, el gobernador Cuitláhuac García deja claro quién comanda la fabricación de delitos y la persecución de juzgadores en esa entidad.
Este lunes, la Fiscalía estatal detuvo en Xalapa a una jueza de control por acatar un amparo de la justicia federal.
Sus inquisidores la señalan de haberse resistido a la captura, “disparar” contra los agentes y llevar “drogas” en su vehículo.
La “falta” de la jueza fue dictar la no vinculación y la liberación a favor de un presunto asesino (que sigue en la cárcel bajo una nueva imputación).
En lugar de que la Fiscalía informara, el gobernador la hizo de vocero y justificó así la detención:
“Tenemos indicios de que había comunicación por vía indirecta entre la jueza y el abogado del delincuente. Ahí nomás se las dejo”.
—¿Por qué la detuvieron? —le preguntaron.
—No voy a dar argumentos aquí. ¡Es jueza, se va a poder defender…!
—¿Cuál es el delito?
—Lo que resulte y lo que se haga ahí. ¡Es juez…!
Su víctima es Angélica Sánchez Hernández, con una sólida carrera de 25 años en el Poder Judicial, cuya hija Ingrid Gómez denunció que su madre fue incomunicada cinco horas y obligada a disparar una pistola. Gustavo, hijo también, contó que la juzgadora se disponía a acudir al Tribunal Superior de Justicia porque la titular, magistrada Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, la había regañado —“atente a las consecuencias”, le advirtió— porque no la previno del fallo liberador.
“Estaba con mi mamá en nuestro domicilio. Estaba citada a las diez de la mañana en el Tribunal”.
Lo cierto es que ya estaba siendo acechada: Gustavo vio una camioneta negra cerca de la de su mamá, a quien alertó. Ella pidió al conductor identificarse y éste le respondió que trabajaba en el C4. Y un tanto nervioso, el halcón se puso a escribir un mensaje telefónico.
La jueza condujo hacia el Tribunal, pero fue interceptada por policías estatales.
Carmelo Reyes Gallardo y Ricardo Morales Carrasco, sus abogados, exigen las grabaciones de las cámaras de vigilancia para demostrar que la señora jamás disparó contra los agentes.
El formalmente “liberado” se llama Ithiel y lo apodan Compa Playa, acusado de asesinar en 2019 al diputado Juan Carlos Molina Palacios.
La no vinculación y el amparo acatado se sustentan en las deficiencias de la investigación de la Fiscalía estatal.
Para el abogado Reyes, el gobierno de Cuitláhuac está creando un “delito” basándose en un artículo que conserva la esencia de otro que la justicia federal echó abajo, una variante del fascistoide “ultrajes a la autoridad” con que Cuitláhuac mantuvo a muchos jóvenes en la cárcel y medio año también al secretario técnico del Senado, José Manuel del Río.
Prepotente, silvestre, vulgar, el consentido machuchón de Veracruz inició ya una verdadera cacería
de jueces...
