Si consideramos el panorama desolador de la población en México, fue el abandono de la política productiva y la adopción de una política social ineficiente la síntesis de que en lo rural persista la pobreza como un hecho cotidiano.
La persistencia de la pobreza rural es producto de la forma en que ha sido atendida, -generada de hecho- pues los programas de transferencia condicionada (PTC): Solidaridad y Pronasol en 1988 con Carlos Salinas, Progresa para 1997 con Ernesto Zedillo, Oportunidades entre 2000 y 2011 con Fox y Calderón y Prospera en 2012 hasta la fecha con la administración de Peña Nieto. Estos programas nunca han estado correlacionados a estrategias nacionales de desarrollo rural, en la base sus “beneficiarios” son vistos como masa pobre y carecen del concepto de “sujetos de derecho” que implica a comunidades e individuos con potencial productivo y con capacidad de revertir su condición de pobreza a partir de su reincorporación productiva a la economía nacional.
La evidencia de esta capacidad productiva latente de la sociedad rural se encuentra contenida en múltiples estudios que demuestran que, en el largo plazo, las transferencias condicionadas son utilizadas por los campesinos para sostener su actividad productiva principalmente agrícola, la contraparte es que el sistema de transferencias frena la posibilidad de que los núcleos familiares generen ingresos autónomos y sostenidos. Y sin embargo, la realidad actual del campo mexicano requiere más que nunca de una verdadera estrategia transicional, integral y acompañante de la política productiva que subsane treinta años de divorcio entre la política económica y la política social.
Este es el reto de la política social para el entrante gobierno federal, mostrarse de acuerdo con la multidimensionalidad, la diversidad y los determinantes situacionales de las diversas formas de pobreza, para el campo mexicano requiere conocer a fondo la existencia de estrategias de sobrevivencia y el sentido fundante del campo: la producción.
Pero el reto está reconocido, el Proyecto 18 del presidente electo refleja la reunión de ambos elementos para el rescate del campo, y ha generado las condiciones para un nuevo pacto social entre los campesinos y el gobierno que elimine el carácter desigual de los programas de gobierno que dejó de lado a los pequeños y medianos productores del país, que no obstante siguen aportando el 40 por ciento de la producción agropecuaria nacional.
@RafaPalacios83
