El llamado plan B de reformas electorales a las leyes secundarias ha dejado a todos los actores políticos del país muy lastimados. Nadie ha ganado, todos hemos perdido. Bajo la atmósfera de la polarización brutal que padecemos, no ha habido un debate serio sino una imposición que recuerda los viejos tiempos del PRI hegemónico. La oposición granjea adjetivos, la 4T justifica, los medios reprochan, los analistas recriminan y la academia está pasmada.
Por procedimientos legislativos la iniciativa de reforma se aplaza hasta febrero, por lo que el clima de incertidumbre se prolonga. Jurídicamente, la reforma podría ser refutada en aspectos técnicos por el Tribunal Electoral e impugnada por cuestiones de inconstitucionalidad por la Suprema Corte de Justicia.
Si bien el episodio aún no está cerrado, es evidente el daño en el diálogo político de los principales actores del país. Perdurará el diálogo pragmático de intereses y chantajes, pero se debilita los principios de la democracia sustantiva. Se perturban las prácticas de democracia y agendas encaminadas a la consecución de una sociedad más justa y democrática.
La reforma electoral constitucional rechazada por el Congreso era en realidad una reforma política que transmutaba viejos vicios y oscilaba hacia nuevas ecuaciones políticas no acatadas por todos. De las actuales reformas a las leyes secundarias, la que más llama la atención es la restructuración de las autoridades electorales. El INE aparece con menos recursos, autoridad lesionada y un brutal adelgazamiento de su estructura descentralizada. Pero con el deber de cumplir las mismas funciones y ofrecer certezas.
Lo más delicado, desde mi perspectiva, es diezmar vocalías locales y desaparecer las juntas distritales. Por su parte la Asociación de Instituciones Electorales de las Entidades Federativas (AIEEF), la asociación de los OPLES, manifestó su preocupación por la reforma del Plan B ya que los cambios al INE afectarán al funcionamiento de los OPLES especialmente en la instalación de casillas y el cómputo de los votos, entre muchas otras atribuciones que tiene el INE en los procesos locales. Alista, dicen, controversias.
La actitud de mártires de la democracia que están adoptando Lorenzo Córdova y Ciro Murayama me molesta de sobremanera. Meses atrás se asumieron, indebidamente, como contrapeso político de la 4T y no acataron la reducción de sus privilegios. No le correspondía el rol de conspiradores políticos como lo ha estado desnudando Layda Sansores con sus grabaciones.
Tenemos que reconstruir el tejido político dañado, restablecer el diálogo sobre el proyecto de país y sortear el caos. De lo contrario, todos seguimos perdiendo.
Bernardo Barranco
