En Oaxaca el sacerdote Gerardo Silvestre Hernández recibió una sentencia de 16 años por el delito de corrupción de menores en su modalidad de inducción a actos sexuales y exposición de filmes pornográficos, tras quedar comprobado que abusó de varios menores. Es la primera vez que la justicia mexicana dicta sentencia contra un sacerdote católico pederasta. Ante el manto de protección y fuero religioso que históricamente ha gozado el clero mexicano, la noticia es un hito importante. El Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca, confirmó la sentencia del cura Silvestre al que se le imputan de más de cien casos de abuso sexual a menores pero pocos se atrevieron a denunciarlo. Silvestre desde 2013 está en prisión, esperaba una sentencia a modo que en poco tiempo saldría libre pero no fue así, por fortuna.
Bien por la justicia mexicana, mal por la Iglesia local que presionó para una sentencia moderada. Este no es el único caso, el más reciente es la acusación de un catequista contra el ex rector de la Catedral oaxaqueña, Carlos Franco Pérez, por el supuesto delito de violación equiparada; por ello, la autoridad ha girado una orden de reaprehensión. Es una verdadera vergüenza, el comportamiento encubridor del arzobispo de Oaxaca, José Luis Chávez Botello. Su ambigüedad es un comportamiento de complicidad delictiva, su proceder negligente debe ser enjuiciado tanto por la feligresía como por las autoridades. La Iglesia en Oaxaca está manchada por la impunidad interna y el desorden entre los sacerdotes por falta de congruencia con los mandatos morales y disciplina de la propia Iglesia. Pero ante todo el afán de ocultamiento.
El caso cobra notoriedad, gracias a un video que produjo la activista regiomontana Cristina Sada, asesorada por Alberto Athie, defensor de víctimas de pederastia clerical. Miles reproducciones de video en las redes muestran los abusos del cura. Nos relata el drama que vivieron las víctimas y las enormes dificultades desde su condición de indígenas para hacer justicia.
La sentencia es relevante en la medida que hay diversas denuncias en Jalisco, San Luis Potosí, Ciudad de México, entre otras, que esperan la acción de la aplicación de las leyes seculares. Porque la justicia eclesiástica es ambivalente. Por su parte, Francisco, desde su elección en 2013, ha tomado algunas medidas para desarraigar el abuso sexual de la Iglesia católica, pero grupos de víctimas señalan insuficiencias, sobre todo con los obispos que toleran el abuso sexual o lo encubren. Se rumora que Francisco ha bajado sanciones en secreto. Ante la pederastia clerical la Iglesia continúa aletargada.
