Esta semana la polémica fue en torno a la renuncia y restitución del coordinador del programa Sembrando Vida, Javier May Rodríguez.
Fricciones mediante, lo cierto es que este plan —como otros apoyos al campo— no goza de la mayor transparencia.
Según el reporte Perspectivas Agroalimentarias 2020, publicado por Grupo Consultor de Mercados Agrícolas, en el último año los fondos dedicados en la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) a “programas presidenciales” pasaron de 36.5% a 56.1% del presupuesto total de esta entidad. Dentro de estos programas están el Crédito Ganadero a la Palabra, la Producción para el Bienestar, Precios de Garantía, Subsidios a Fertilizantes, Abasto Rural Diconsa y Consumo de Leche Liconsa.
Este aumento en planes sociales se dio al mismo tiempo que hubo un recorte de 27.3% en la Sader. Una de las áreas más sensibles al tijeretazo fue al Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, ni más ni menos que en medio de una epidemia global. Allí el recorte fue de mil mdp versus la administración anterior, lo que generó menos convenios estatales para campañas de sanidad, además de que hay menos personal para expedir los certificados de exportación de los productos frescos. El año pasado por falta de inversión se perdió el estatus sanitario en Colima para exportar ganado en pie a Estados Unidos.
En total, la Sader perdió 17 mil 858 mdp, casi lo que ganó en Bienestar otro programa vinculado con el campo: Sembrando Vida. Este plan pasó de contar con 13 mil 472 mdp para 2019 a 27 mil 428 mdp este año.
Ni los “programas presidenciales” ni Sembrando cuentan con reglas de operación, con lo cual no se puede conocer el éxito (o no) de estos planes. Bueno, excepto en Sembrando, donde a causa de la renuncia de May Rodríguez, nos enteramos que hizo agua: de los 550 millones de árboles que sembrarían el año pasado, solo plantaron 78 millones.
“El cambio en la trayectoria de las políticas públicas no significa una crisis para el sector, pero puede generar efectos no deseados como la pérdida del estatus fitozoosanitario; la desarticulación de la cadena de suministro de grano; contracción del crédito al sector; disminución de la inversión de capital o retraso en la adopción de nuevas tecnologías”, afirma este informe.
@ba_anderson
