Muchas de las decisiones del gobierno federal, impulsadas por sus máximas de alta austeridad y baja corrupción, han generado dudas, contradicciones y en algunos casos terminan siendo proyectos con más parches que soluciones. Lo vimos en AICM y la opción Santa Lucía plagada de inconsistencias; en la refinería de Dos Bocas; en la crisis migratoria o el ecocidio del sargazo en Quintana Roo.
Hasta anoche, la Oficialía Mayor de la SHCP y la Ssa terminaban de abrir todas las ofertas para la compra consolidada de medicamentos del gobierno federal.
Antes del viernes deberán determinar las mejores ofertas —3 mil items, entre medicinas y material de curación, valuados en 17 mil mdp—, para proveer a los mayores consumidores: IMSS, Issste, Pemex, Ejército, Secretaría de Marina, institutos de salud y estados de la República.
El proceso para comprar estos productos dio un giro de 180 grados este sexenio: antes, a las licitaciones se presentaban los distribuidores de medicinas (como Fármacos Especializados, Dimesa-Pisa o Maypo) como intermediarios entre gobierno y laboratorios y fabricantes. Ahora es directo, sacando de la jugada a los distribuidores, a quienes el gobierno llama “oligopolios que aumentaron hasta 35% el valor de las medicinas”.
Los distribuidores (o buena parte de ellos) se ampararon, alegan que los valores tope de las medicinas se acuerdan entre ellos y el gobierno vía la Comisión Coordinadora para la Negociación de Precios de Medicamentos e Insumos para la Salud.
Hasta ahí suena como una decisión correcta: sin intermediarios hay ahorros y la negociación es directa con los fabricantes. Pero el eslabón de la logística en medicinas no es menor: la distribución just in time y con normas de seguridad es algo que lleva tiempo desarrollar y requiere de un know how específico. Se trata de un entramado que cada mes entrega 200 millones de unidades (medicinas y material de curación) en 2 mil centros de salud.
En el apuro, el propio gobierno dijo que se hacía cargo de hacer llegar hasta el último rincón del país cada medicina, usando como distribuidor a una empresa estatal (Birmex, que desarrolla y produce vacunas).
Sobre la marcha, y mientras los laboratorios nacionales e internacionales tratan de entender las nuevas reglas del juego y cómo tercerizar u organizar la nueva área de distribución, el gobierno dio marcha atrás, quitó a Birmex de la jugada y permitirá incluso a distribuidores vetados por corrupción (o amparados) presentarse a una licitación paralela solo para logística. Entre contradicciones y empresas vetadas pero luego invitadas, ¿habrá los ahorros anunciados?
Porque esa es otra constante: no sabemos las cifras exactas de los ahorros de la austeridad republicana (un monto final por proyecto, por ejemplo) ni tampoco a qué se re asigna ese dinero.
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@ba_anderson
