Si alguien se acuerda que a fines de 2015 se hablaba del "tremendo" caso del alcance del poder corruptor del capital mexicano en España, es prudente revisar por qué en junio de 2016 ya no se menciona.
Y es un caso en particular: el de la mina Los Frailes, en Aznalcóllar, Andalucía, en una iniciativa que Grupo México (tan vituperada por este lado del Atlántico) mantiene en la península ibérica.
Como la propia minera dice... luego de las elecciones en España, las aguas conflictivas bajaron su cauce y Los Frailes ya tiene, sin chistar, la autorización para iniciar operaciones.
El permiso lo suscribe la propia Consejería de Empleo, Empresa y Comercio de Andalucía, que hace unos días determinó que "Minera Los Frailes puede iniciar los trabajos de investigación y exploración en el yacimiento de Aznalcóllar".
Claro que esa dependencia andaluza es parte interesada. Esto porque la subsidiaria de Grupo México va a contratar "más de 100 profesionales" en los próximos meses, dicen los andaluces, gracias a una inversión inicial de más de 7 millones de euros.
Esto solo para la contratación de esos profesionales, ya que en sí, la consejería afirma que el proyecto planteado por Minera Los Frailes "contempla una inversión directa superior a 300 millones de
euros".
A lo largo de tres décadas se espera la creación de más de mil empleos directos e indirectos.
¿Qué busca Grupo México en tierras andaluzas?
Se entiende que en el subsuelo que quieren operar hay un potencial de 30 millones de toneladas de mineral complejo en donde en yacimientos abiertos (obviamente los favoritos de las mineras) existen recursos de sulfuros polimetálicos.
Es decir, en ese páramo europeo hay un gran potencial para extraer en vetas a cielo abierto metales valiosos y preciosos, como cobre, plomo, zinc, oro y plata.
Una vez completada la fase de investigación, y tras la obtención de los permisos por parte de Minera Los Frailes, dará comienzo la etapa de construcción.
De acuerdo con las previsiones que maneja la Junta de Andalucía, el proyecto podría iniciar la producción comercial y estar plenamente operativo antes de
2020.
Hasta entonces, no hay más procesos electorales relevantes.
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