Lo comentamos aquí hace unas semanas: la mano que movió la cargada laboral dentro de la adenda al Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
Se llama Richard y se apellida Trumka: el poderoso líder del conglomerado sindical de Estados Unidos AFL-CIO fue quien exigió a Nancy Pelosi que se incluyera en las modificaciones al documento del T-MEC la posibilidad de que el gobierno estadunidense revise en plantas mexicanas las denuncias de violaciones o prácticas laborales irregulares. “Intervencionismo laboral”, se mencionó en su momento.
Y, ante la negación del gobierno mexicano, se impone revisar el Protocolo de Enmiendas al T-MEC que publica la oficina del Embajador Comercial de EU (https://bit.ly/2PJdyjc).
Ahí, en el Anexo 31-B, se establece un Mecanismo de Respuesta Rápida en torno a denuncias a “denegaciones de derechos” en instalaciones canadienses y mexicanas.
Básicamente se permitirá que si una parte del acuerdo (en este caso, Estados Unidos) cree “de buena fe” que a los trabajadores en determinada instalación se les niega “el derecho de libre asociación” o la “negociación colectiva”, un panel revisará tal situación y emitirá un dictamen al respecto.
Los miembros del panel, dice el protocolo, serían equipos de tres personas de los tres países con expertos independientes que investiguen esos casos.
Más claro ni el agua. Por más que el gobierno mexicano niegue esta concesión, en el protocolo y adenda que ayer jueves se debía discutir y aprobar en el Senado, se incluye esta ventana para que vengan inspectores foráneos a plantas mexicanas en donde haya presunción de violación a derechos gremiales.
En su mensaje a sus agremiados, Richard Trumka dijo que felicitaba a las partes por haber alcanzado el acuerdo adicional con el énfasis en la revisión en las plantas. Eso servirá mucho a su agenda en Estados Unidos de denunciar el cierre de factorías en ese país y su traslado, en específico, a México. El protocolo, dijo, incluye por primera vez “inspecciones en fábricas e instalaciones que no cumplen con sus obligaciones”.
Mr. Trumka, a riesgo de decir que suena más papista que el Papa, le preocupa además otra situación del mundo laboral mexicano: la reducción en el presupuesto de la Secretaría del Trabajo, que encabeza Luisa María Alcalde.
Con 35.8 por ciento menos para la STPS en 2020, Alcalde dice que este monto sí será suficiente para apoyar los cambios requeridos ante las nuevas directrices del T-MEC.
Pero no se ve por dónde funcionen esos recursos, a menos que en el gobierno supieran de antemano las exigencias de la AFL-CIO que ahora mandaban la inspección de plantas mexicanas por parte de expertos estadunidenses.
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@ba_anderson
