Las autoridades perseguirán a los camioneros que con su paro importunaron la vida de los jaliscienses; también a los policías que sirvan a los intereses de los criminales; a los mismos criminales anuncian la persecución por venir, con la terrorífica declaración: nos vamos a coordinar (un día de estos). También serán implacables, las autoridades, con los partidos políticos que gasten de más, que se anuncien con exceso y a destiempo, y de paso con las encuestas técnicamente impropias: todo el rigor de la ley para quien las de a la publicidad; y no habrá clemencia para los candidatos que en los debates usen segundos que no les corresponden, tampoco serán indultados los medios de comunicación que no practiquen religiosamente la equidad en las noticias sobre los candidatos y sus partidos, menos para los que ignoren los términos prefijados por la autoridad o que confundan los distintos momentos del proceso electoral: anatema para el que piense que las elecciones se tratan de buscar el voto, si no quieren sentir el mazo de la ley caer sobre sus cabezas, no deben desconocer que el voto se pide, legalmente, sólo en ciertas condiciones y periodos. Y como la severidad de las autoridades no conoce límites, no hace diferencias, también perseguirán a las autoridades que con su cara de por medio hagan difusión de la obra pública, de programas sociales o de lo que sea. Además, las autoridades están por mostrar la fuerza de su músculo legalista en los dueños de automóviles que no hayan pasado por la verificación, serán intransigentes, como corresponde a su calidad de autoridades que para algo y por algo están, así sea para declarar.
El estado de derecho que hemos construido es una pura persecución que, sin embargo, alcanza poco y a pocos, y que se propone objetivos menores y sobre todo discursivos. Por ejemplo, en Jalisco, la autoridad correspondiente advirtió a los camioneros de los procedimientos que fundó hacia ellos, y de paso insinuó que en tres meses concluirán en sanciones; los aludidos se desentienden de los avisos y no los arredran las posibles sanciones, tratan a las autoridades como a los Bienevales: sólo tienen valor si ellos, los camioneros, se los dan. Por ejemplo, con el argumento, expresado de manera tronante, de recuperar un espacio público adjudicado con malas artes a un particular, en su momento así se hizo creer, el ayuntamiento de Guadalajara “recuperó” la plaza de los mariachis, sólo para que dos años después un juez determinara que las malas artes provinieron no del ciudadano y, por tanto, la autoridad debe resarcirlo. Por ejemplo, el camión de la policía municipal que tiene meses estacionado en la glorieta de los Niños Héroes, en Guadalajara, amenaza objetiva para los delincuentes, sólo que a estos, en esa zona, nomás les falta tocar la puerta negra del negro autobús para pedir usar el baño; esta semana ejecutaron a una persona, una mañana, a unas decenas de metros del cuartel ambulante que ostenta sus admonitorios escudos, sus cámaras y sus antenas, útiles para dejar asentado que la persecución permanece, inmóvil.
Mientras el rigor y el peso de la ley hacen lo suyo (casi nada), empuñados y anunciados por las ubicuas y etéreas autoridades, los asesinos no dan trazas de enterarse; pero no generalicemos, digamos que 95 de cada 100 no acusan recibo; tampoco 98 de entre cada 100 sienten una especial y opresiva atmósfera de legalidad cuando se sirven del erario o de las influencias que acarrea el hecho de ser autoridad; igual están, a sus anchas, los que despojan a las comunidades indígenas, quienes violentan mujeres, los que hacen de la urbe campo para su desarrollo financiero personal, o los dueños de minas que contaminan ríos y suelos para que sus dividendos, tal cual, valgan la pena. Quizás es tiempo, se acercan las simpáticas tomas de protesta, de cambiar la frase inaugural: sí, protesto guardar y hacer guardar la Constitución y las impunidades que de ella emanen.
