La noticia causó revuelo, sobre todo en círculos administrativos y periodísticos: el gobierno federal desaparecerá los órganos internos de control (OICs) de más de 100 dependencias tanto del sector central como del paraestatal. La medida, que busca fusionar estos órganos en entidades especializadas por tema y no por dependencia, ha sido duramente criticada por considerarla como un debilitamiento en la lucha contra la corrupción en el país.
Y es cierto: a primera vista la noticia parece alarmante, en un país donde necesitamos hacer más y no menos contra la corrupción. Sin embargo, sinceramente creo que la desaparición de estas estructuras no es necesariamente negativa. No porque no crea en el noble propósito que deberían perseguir, sino porque creo en él y, hasta hoy, los famosos OICs sólo lo han defraudado, demostrando ser ineficientes, ineficaces y caros.
Los OICs surgieron en la década de los 90 con el objetivo de establecer una infraestructura institucional capaz de prevenir, investigar y sancionar la corrupción en el ámbito gubernamental. Se integraron entonces contralorías internas en absolutamente todas las agencias gubernamentales, con la esperanza de que su presencia erradicaría la corrupción. No ha sido así. El Índice Global de Percepciones de Corrupción 2023 de Transparencia Internacional revela una realidad desalentadora: México ocupa el vergonzoso lugar 126 entre 181 países evaluados. Dicho de otro modo, los OICs no sólo han fracasado, sino que en muchos casos se han convertido en refugios laborales para personas dependientes de los jefes a quienes deberían fiscalizar y que, en vez de prevenir la corrupción, han contribuido a legitimarla, encontrando formas de enmarcar actos ilícitos dentro de límites legales, que protegen a sus superiores de cualquier responsabilidad posterior.
No sé si la nueva figura que propone el gobierno del Presidente López Obrador será efectiva. Lo que sí sé es que es correcto y urgente desechar lo que no ha funcionado en los últimos 30 años. Para nadie es ajeno que hoy, en cualquier dependencia gubernamental, realizar adquisiciones tan sencillas como la de un lápiz resulta tan complicado, que le cuesta más al erario el proceso y la burocracia, que el posible sobreprecio en el que se podría incurrir durante la compra. Y encima, cuando hay irregularidades, tampoco se sancionan.
Yo creo profundamente en las instituciones, por eso no apruebo los procesos de desinstitucionalización irrazonados, pero en el caso de los OICs, ineficaces y cómplices, creo que se trata de una desinstitucionalización razonable, que deber dar paso a soluciones innovadoras para acabar con ese cáncer enquistado en nuestra sociedad, llamado corrupción. Y hasta aquí la reflexión patrimonial de tu Sala de Consejo semanal.
