La sombra de la corrupción es el distintivo de la gestión de Myrna Araceli García Morón, quien está a punto de pasar a la historia como la peor presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem), y como bien se dice en México: "lo que mal empieza, mal acaba", así que desde la negra anécdota de su arribo al cargo con aquellos emblemas del PVEM junto al escudo del organismo defensor de los derechos fundamentales en la entidad, la cosa no ha cambiado mucho a unos días de concluir su paso por este órgano autónomo, convertido en escenario de frivolidades, dispendio y negocio familiar y de amigos cercanos a su titular, que por fortuna para los ciudadanos de a pie, no logró "saltar" al Poder Judicial, tras obtener en la pasada elección apenas 0.9 % de los votos.
Para nadie al interior de la Codhem es un secreto que doña Myrna ya se encuentra haciendo maletas, pues su reelección al frente de este organismo se antoja difícil, entre otras cosas por los escándalos de posible corrupción, como aquella licitación con conflicto de intereses en 2024 para adquirir automóviles utilitarios Kia para la institución, la cual fue asignada a su esposo. O los múltiples contratos otorgados a precios asquerosos a su asesor externo, quien además de peinarla y pegarle pestañas, está convertido en su gurú, tras alienar a quien debiera ser la principal defensora de los más vulnerables, comenzando por los trabajadores operativos de la Comisión, mismos a los que ahora intenta despojar de su bono de puntualidad. A la postre los discursos en los que García Morón hace apología del respeto a los derechos de las personas, son letra muerta al interior de la comisión que encabeza.
Aunado al despilfarro en caprichos y en los abultados contratos que llevan cuatro años beneficiando a su consejero y estilista, amig@s, compadres, comadres, etcétera, la última que el personal de la Codhem se ha tenido que aguantar es la instalación de un reloj checador biométrico, no se sabe si amañado u obsoleto, que se da vuelo generando descuentos por supuestas “inasistencias”, por lo que se puso de moda checar tomandose selfies con todo y checador para poder comprobar que acudieron, pues hay megaburocracia para lograr recuperar el dinero que se les descuenta de manera injusta.
Lo mismo que los bonos de puntualidad, que se fueron al traste tras la puesta en circulación del oficio 02/22, previo a la elección judicial, con el que mañosamente los enviaron hacer home office, renunciando a ese derecho que ayuda a decenas de trabajadores esforzados a completar sus gastos... Así, se dejarán de pagar bonos de al menos 300 pesos mensuales, 6 mil 500 semestrales y aproximadamente 12 mil 500 pesos anuales a cada uno de los que buscan ganar esta prestación...
Es deseable que la epítome de banalidades, opacidad y erosión de la confianza pública que envuelve a la Codhem, llegue a su fin con la gestión de García Morón. Por lo pronto ya suenan nombres para sucederla, entre estos el de Miroslava Carrillo Martínez, quien dejó el Osfem a finales del 2024, así como el de la ex secretaria de la propia comisión, María del Rosario Mejía Ayala. Urge que la Codhem vuelva a ser un bastión inquebrantable de justicia y protección para los ciudadanos.
Réplica de Myrna García Morón
Con fundamento en la Ley Reglamentaria del Artículo 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en apego al artículo 12 de la misma, la Mtra. Myrna Araceli García Morón, Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, ejerce derecho de réplica respecto a la presente columna “Rastros y Rostros”, de la periodista Ana Lilia García Castelán:
“En la entrega titulada Rastros de corrupción tras el Rostro de la CODHEM, se emiten una serie de afirmaciones infundadas, difamatorias y carentes de sustento, las cuales lesionan mi honra personal y profesional, y afectan la credibilidad institucional de un organismo autónomo del Estado mexicano.
“Rechazo categóricamente las imputaciones realizadas en dicha publicación, pues no se presentan pruebas, documentos, ni fuentes verificables. Las acusaciones sobre supuestos conflictos de interés, contratos otorgados a precios ‘asquerosos’, dispendio de recursos y decisiones administrativas, se basan en rumores, lenguaje estigmatizante y estereotipos de género, sin sustento jurídico o informativo.
“Durante mi gestión al frente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México se han ejercido recursos con apego a la normatividad vigente, se ha fortalecido el control interno, y se han impulsado procesos de rendición de cuentas verificables a través de auditorías externas e informes anuales públicos. Las decisiones operativas y administrativas están debidamente documentadas y supervisadas conforme a la ley.
“Es especialmente grave el uso de calificativos que constituyen violencia simbólica y mediática de género, al referirse a mi aspecto físico y a supuestos vínculos personales, con el único fin de deslegitimar mi autoridad como servidora pública y como mujer.
“Este tipo de narrativas no sólo transgreden principios básicos de ética periodística, sino que contribuyen a la normalización de la violencia política contra las mujeres en razón de género.
“Quedo a disposición para ampliar la información o entregar documentación que sustente cada una de mis afirmaciones. Reitero mi respeto a la libertad de expresión, pero también mi exigencia de responsabilidad informativa”.
