América Latina se encuentra en un impasse democrático que hace dudar a más de uno sobre las virtudes de la democracia, sobre todo por la fragilidad de crear auténticos y verdaderos contrapesos al ejercicio del poder.
En una democracia consolidada no importa si el candidato ganador es de izquierda o de derecha, porque formalmente se cuenta con instituciones fuertes, y los contrapesos políticos institucionales, para que nadie pueda abusar del cargo, y si lo hace, el Estado deberá sobreponerse, para evitar que nadie esté por encima de las instituciones, nadie por encima de la ley.
En una democracia liberal representativa, los actores políticos, aceptan participar, respetando las reglas del juego, ello incluye, cumplir con los mandatos y los tiempos establecidos para permanecer en el cargo.
Utilizar un cargo (lugar de poder y privilegio), para mantener y perpetuarse en el poder, es romper con las reglas establecidas.
Y me refiero al caso específico de Venezuela, en el cual, el actual mandatario Nicolás Maduro, pretende realizar este domingo 30 de Julio una elección constituyente, es decir, un proceso para elegir una asamblea nueva, que se encargará de redactar una nueva constitución, con poderes supra constitucionales.
El tema es, que actualmente ya se cuenta con una Asamblea Nacional República Bolivariana de Venezuela (ANRBV), actual poder Legislativo, que es el contrapeso del Presidente (Nicolás Maduro).
En la última elección del 2015, la oposición obtuvo 2/3 partes de la ANRBV, lo que derivó en una clara división de poderes, algo natural en toda democracia.
Ante ello, Nicolás Maduro, decidió, que lo mejor era modificar el contrato social (es decir, crear una nueva constitución).
El problema no es llamar a la formación de una Asamblea Constituyente (quienes elaborarán una nueva constitución), lo grave es que no se consultó primero al pueblo venezolano, si realmente querían modificar su constitución, la cual es relativamente nueva.
Cabe mencionar, que, en 1999, el propio comandante Hugo Chávez convocó a una consulta, que ganó, antes de reunir la asamblea, para crear una nueva constitución (vigente).
La consulta popular venezolana: no a la constituyente
El pasado 16 de julio de 2017, se realizó una Consulta Popular, para preguntar, si el pueblo venezolano quería una nueva constitución, o se quedaban con la aprobada en 1999, por Hugo Chávez.
Los resultados arrojaron un contundente No a la formación de una asamblea constituyente, señal de que la participación electoral provino fundamentalmente de sectores opuestos al gobierno del presidente Nicolás Maduro.
Si bien, la consulta popular impulsada por la Asamblea Nacional de Venezuela no fue legal, porque no la organizó la Comisión Nacional Electoral (CNE), quien se negó a realizarla), si fue legitima, al contar con el respaldo del Poder Legislativo y, sobre todo, por la amplia participación de la ciudadanía venezolana.
Dicho ejercicio logró una significativa movilización ciudadana, que destacó por su carácter masivo, espontáneo y pacífico, a pesar de no ser realizada por la CNE.
De acuerdo a los datos presentados, hubo más de 7 millones de personas que se movilizaron, casi el 40% del padrón electoral.
También fue legitima, ya que la constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, quien podrá ejercerla directamente en las formas previstas en su Constitución, como es la consulta popular (artículos 62 y 70).
Dicha consulta Popular constituyó un hecho político relevante, al ser organizado al margen de las instituciones electorales, debido al cierre de los espacios de pluralismo. Se celebró en un escenario en el cual, el principal desafío es, lograr establecer canales de comunicación permanentes y fluidos entre fuerzas que debieran percibirse como antagónicas, mas no como enemigas.
Constituyente de Maduro
Por otro lado, la constituyente convocada por Nicolás Maduro, no es legítima, al no contar con la aprobación de la ciudadanía venezolana, quien debía aprobar su realización, a través de una consulta.
Dicha constituyente se realiza en medio de una desaprobación presidencial, con la suspensión de elecciones constitucionales; la cooptación de los medios de información, limitando el derecho de expresión y acceso a la información; con protestas exigiendo procesos electorales, y una grave crisis económica que afecta la estabilidad de Venezuela, y la región en su conjunto.
Bajo estas condiciones, este domingo 30 de julio, una parte de las y los venezolanos elegirán a otros, 545 diputados, que formarán la denominada Asamblea constituyente, de los cuales, 364 serán representantes territoriales (territorios divididos discrecionalmente) y 173 del llamado ámbito sectorial (24 por los estudiantes; 8 por campesinos y pescadores; 5 por los empresarios; personas con discapacidad; 28 las y los pensionados, 24 de los consejos comunales y 79 de sindicatos y gremios, así como 8 de las comunidades aborígenes.
Parece novedoso, sin embargo, la trampa es que la elección, no se da a través de los partidos, lo que rompe con todo proceso electoral legítima y competitiva. Además, el organismo electoral fue quien aprobó las candidaturas, siendo la mayoría integradas por, miembros del partido del gobierno y o al menos simpatizantes. Ahí se encuentran ministros y figuras públicas cercanas al régimen político.
Otro problema es que cada municipio elige la misma cantidad de constituyentes, no importando el tamaño poblacional.
De esta manera, se asegura el resultado al controlar los pequeños municipios rurales donde el oficialismo tiene su base electoral.
Así un municipio con pocos habitantes, tiene la misma cantidad de constituyentes que uno grande, donde está la mayoría de la población, mayoritariamente opositora.
¿Consolidación democrática en América Latina?
El politólogo Robert Dahl mencionaba que los atributos de una democracia consolidada eran: a) autoridades públicas electas; b) elecciones libres y limpias; c) sufragio universal; d) derecho a competir por los cargos públicos; e) libertad de expresión; f) información alternativa y, g) libertad de asociación.
En el caso de Venezuela ya no se tienen elecciones periódicas. Las elecciones regionales, se realizaron en diciembre de 2012, donde el oficialismo gano 20 de las 23 gobernaciones en disputa, cuya duración es de cuatro años, plazo que ya venció. Cabe mencionar que continúan suspendidas las elecciones para alcaldes. Esto significa que esta cancelada la posibilidad de competir por los cargos públicos.
Las últimas elecciones celebradas en Venezuela fueron en 2015, para la Asamblea Nacional de Venezuela, y de acuerdo al Consejo Nacional Electoral venezolano (CNE), la oposición agrupada en la Mesa de Unidad Democrática (MUD) obtuvo 107 escaños, y el oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) logró 55 diputadas y diputados, de un total de 167.
Ante esta coyuntura, la salida no democrática fue convocar a una constituyente, y no celebrar elecciones regionales, como si lo hacia el anterior mandatario Hugo Chávez.
El problema de fondo, es la fragilidad de la división de poderes en Venezuela, como en gran parte de las democracias latinoamericanas, derivado de un modelo (súper) Presidencial, que continúa dotando de facultades constitucionales y meta constitucionales, a las y los presidentes, cuyas acciones y decisiones, pasan por encima de las instituciones, las cuales son débiles y frágiles, ante el poder presidencial, y no logran ser contrapesos, ni frenar el exceso y abuso de poder.
“Por una sociedad libre de discriminación y violencia”.
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