Nos encontramos ya, en medio del proceso electoral 2018, con una pequeña escala el siguiente año, pero que poco o nada detendrá la vorágine intestina en los principales partidos contendientes, por la madre de todas las elecciones, la Presidencia de la República.
Sin embargo, los resultados de las elecciones locales no están moviendo las fichas del tablero electoral, rumbo al 2018, como si lo están moviendo los casos de corrupción, fueros y desafueros, de quienes han usado para fines personales e ilícitos, el poder público.
Con casos escandalosos de corrupción y violencia, como lo ocurrido en Sonora y Veracruz, que sin duda no serán los únicos casos, pero que se han convertido en este momento la bandera política, de algunos sectores, para mostrar o demostrar, que cuando realmente se quiere, se puede luchar contra la clase política corrupta.
Javier Duarte de Ochoa y Guillermo Padrés Elías
Hoy son dos exgobernadores marcados por la corrupción, pero sobre todo deben quedar marcados, por la justicia.
El primero, Javier Duarte de Ochoa, ex gobernador de Veracruz, hoy prófugo de la justicia, un personaje que entre otras acciones, se recuerda su falta de sensibilidad, cuando se reía en la cara de una madre angustiada, por la desaparición de su hija, quien pedía a las autoridades, que él representaba, trabajara en la búsqueda de su hija, víctima de la violencia e inseguridad en su estado.
A Duarte lo llegaron a considerar como un ejemplo de una nueva clase política, al llegar a los 36 años a la gubernatura, sin embargo la edad no fue impedimento, para pensar y actuar de manera arcaica y anquilosada, dejando una huella imborrable en Veracruz, marcada por la violencia, corrupción, empresas fantasmas, enriquecimiento ilícito, desaparición de jóvenes, impunidad, etc.
Por otro lado, está el caso del también prófugo, exgobernador de Sonora, Guillermo Padrés Elías, quien es identificado como descendiente del otrora fundador del Partido Nacional Revolucionario, el autoritario y recordado por su maximato ( Jefe Máximo de la Revolución), Plutarco Elías Calles.
Guillermo Padrés, se confrontó con la comunidad Yaqui por el agua, a quien le buscaba arrebatar el agua, quien además tuvo la desfachatez de construir una presa ilegal en su propiedad, y sobre todo, por enriquecimiento ilícito y desvío de recursos, situación que se vio reflejado en un desfalco a las finanzas públicas de 30 mil millones de pesos.
Hablamos que en la mayoría de los casos de corrupción se encuentran millonarios desvíos de recursos públicos.
Situaciones que laceran y deterioran a la sociedad en su conjunto. Porque al final, les pagamos no solo comida, alimento, transportación, seguridad (la cual deberían brindar a la sociedad), altos salarios, impunidad, y por si fuera poco, les pagamos sus campañas, con las cuales llegan al poder, para después atentar contra el patrimonio público.
Quién o quiénes son los responsables de los Duartes o los Padrés
Lamentablemente el caso de los “Padrés” o los “Duarte”, no son casos aislados, el grave problema es la impunidad. Estos casos deben ser duramente castigados, porque las implicaciones de atentar contra el patrimonio son graves y sus secuelas duran décadas, afectando a generaciones completas, quienes se ven orilladas a vivir en la marginación y pobreza por la falta de oportunidades las cuales más que negadas, son robadas por quienes deberían de proveer los satisfactores mínimos de bienestar, para asegurar la dignidad y calidad de vida de todas y todos.
Por ello no basta con deslindarse de ellos, es necesario revisar a fondo los mecanismos de selección de las candidaturas, lo que significaría que más allá, de reducir el financiamiento público, por lo menos a la mitad a los partidos políticos, además se deben suspender las prerrogativas a los partidos que no realicen procesos internos democráticos, lo que se conoce como elecciones primarias, es decir que las y los militantes (quienes además deben aportar su dinero para el sostenimiento de sus partidos, porque para ello se afilian), elijan a quienes serán sus candidatos o candidatas.
Sin democracia interna, no debe haber recursos públicos y en los actuales casos de los gobernadores, también se debe investigar a quienes los nombraron como candidatos.
Ello aunado a que ningún político (incluye a integrantes del Poder Judicial), debe tener fuero, no podemos hablar de ciudadanos de segunda y ciudadanos de primera, quienes gozan de un aura de impunidad, ya que gracias al fuero, siguen prófugos los exgobernadores señalados.
Y sobre todo insistir en que el dinero público ya no sea la principal fuente de financiamiento de los partidos y sus campañas.
Eso incluye evitar que líderes de partidos utilicen los spots (tiempos de estado, es decir recursos públicos), para empujar campañas políticas, disfrazados de líderes de partido.
Si alguien se publicita antes de los periodos de campaña, utilizando recursos públicos, incluye spots de radio y televisión, no deben participar por un cargo de elección popular, ello es inequitativo. Cierto es que hoy la ley lo permite, pero ello debe ser revisado.
Quedará para otras discusiones, la necesidad de quitar peso al presidencialismo, y dinamizar el sistema de partidos, el actual limita la participación, incluyendo los excesivos requisitos para las candidaturas independientes, quienes si pagan sus campañas, pero que con las actuales reglas, solo hacen accesible por este vía, a quienes cuentan con mucho poder económico, sobre todo.
“Por una sociedad libre de discriminación y violencia”
@alfreduam
www.alfredoalcala.mex.tl
