Uno de los elementos centrales de la política curricular de la Nueva Escuela Mexicana, lo constituye el derecho humano a la educación, reconocido como principio fundamental expresado en el artículo tercero constitucional. Desde esta condición, el derecho a la educación no es algo optativo y al alcance de las posibilidades individuales, sino que se inscribe como una obligación del Estado para atender una cuestión que se ha constituido histórica, social y culturalmente. La narrativa construida previo, durante y después de la época revolucionaria ha tenido como uno de sus elementos sustanciales el derecho a la educación, ello explica como una de las acciones concretas la creación de la Secretaría de Educación Pública y sus campañas de alfabetización.
Asociado a un desarrollo integral en los sujetos tanto en lo individual como en lo colectivo, el derecho a la educación se expresa en el Plan 0-23 años de la SEP como una obligación del Estado de garantizar la educación desde el nivel inicial hasta el superior. Al respecto Tomasevski (2004) plantea cuatro condiciones básicas, asequibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y adaptabilidad de los servicios educativos. La asequibilidad implica la garantía del derecho social a una educación gratuita y obligatoria, así como del derecho cultural al respeto a la diversidad, especialmente de las minorías. La accesibilidad obliga al Estado a facilitar una educación obligatoria gratuita e inclusiva a todas y todos: niñas, niños, adolescentes y jóvenes. La aceptabilidad considera establecer criterios de seguridad, calidad y calidez de la educación, así como de las cualidades profesionales del profesorado. La adaptabilidad se refiere a la capacidad de adecuar la educación al contexto sociocultural de las y los estudiantes en cada escuela, al igual que a la promoción de los derechos humanos a través de la educación. (SEP, 2022:4)
Las políticas educativas implementadas en México en las últimas décadas nos dejan un balance desfavorable en relación a la garantía del derecho a la educación. Antes y durante la pandemia se evidenció las consecuencias de ello, particularmente en zonas y poblaciones vulnerables, lo que hace pensar en la debilidad de las estrategias políticas para la atención de un problema estructural. El embate de las políticas neoliberales, ha generado procesos de exclusión y marginación y disminuyendo con ello las posibilidades de cumplimiento de los derechos fundamentales, entre ellos el de la educación.
La racionalidad técnica, que se ha acompañado de la lógica de mercado, en los procesos educativos ha colocado en una posición desventajosa a la educación pública. Las personas, como sujetos de la educación se perciben como objetos, en una especie de cosificación social que sólo es útil para el mercado y acrecentamiento de las brechas de desigualdad. En este sentido Adriana Puigros, al analizar cómo los espacios de tomas de decisión en la educación han sido invadidos por la iniciativa privada, se pregunta y responde: ¿dónde queda el derecho a la educación? Su universalidad está profundamente afectada. Pero esa no es una preocupación de la política educativa neoliberal. Por el contrario, prefiere programas focalizados, grupos controlables, capaces de ser subsumidos en las brumas de la accountability. Quiere decidir cuántos y cuáles terminarán cada ciclo o modalidad escolar. No solamente atacan a la educación pública y a la educación privada tradicional, sino que compiten entre sí, como cualquier sujeto del mercado. En el medio queda destrozado el sistema educativo. (Puigros, 2019). El cumplimiento del derecho a la educación por parte del Estado es prioritario pues tiene una vinculación estrecha en la posibilidad de acceder a otros derechos constitucionales.
