El caso de la “estafa siniestra” en Hidalgo ha llevado en menos de un año a vincular a proceso desde presidentes municipales hasta ex secretarios.
En la compleja travesía de la política, observar cómo aquellos que ostentaron el poder terminan tras las rejas es una muestra de que la autoridad conlleva una ineludible responsabilidad ética y un recordatorio sombrío que la política es a veces dura y despiadada.
Dos procesos, uno internacional y otro local, han capturado últimamente las primeras planas de nuestros periódicos.
En el ámbito local, el caso de la “estafa siniestra” en Hidalgo ha llevado en menos de un año a vincular a proceso desde presidentes municipales hasta exsecretarios y ha impulsado la emisión de fichas rojas de la Interpol para ex funcionarios prófugos de la justicia.
En la escena internacional, la telaraña legal en la que está atrapado Donald Trump se ha vuelto más intrincada que nunca. El expresidente estadunidense se enfrenta a un escenario legal complejo, con 91 cargos distribuidos en cuatro casos penales distintos.
Estos casos reflejan la complejidad de procesar a las autoridades y la demanda de transparencia y rendición de cuentas en todo el mundo. Los políticos que terminan tras las rejas nos recuerdan que nadie, sin importar su posición, está exento de las leyes que rigen a la sociedad.
Las detenciones de mandatarios nacionales como Nicolas Sarkozy, expresidente de Francia; Cristina Fernández, ex presidenta de Argentina o Lula da Silva, ex mandatario de Brasil y actual presidente, han evidenciado la intersección entre la política y el sistema legal.
En México, aunque varios líderes han sido encarcelados, ningún ex presidente ha sido sentenciado. Luis Echeverría, presidente de 1970 a 1976, fue sometido a proceso en 2006 por genocidio, aunque solo se le dictó prisión domiciliaria. La captura en Estados Unidos del ex secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, destapó la posibilidad de una indagación similar para su jefe, Felipe Calderón.
Hablando de gobernadores mexicanos la lista es larga: Tomás Yarrington y Eugenio Hernández de Tamaulipas, César Duarte de Chihuahua, Roberto Sandoval de Nayarit, Javier Duarte de Veracruz, Andrés Granier de Tabasco, Roberto Borge y Mario Villanueva de Quintana Roo, entre otros, han enfrentado acusaciones y juicios que han sacudido la política nacional.
El caso de Jesús Murillo Karam, exgobernador de Hidalgo, es peculiar. La Fiscalía General de la República solicitó 82 años de prisión al ex titular de la Procuraduría General de la República por su probable implicación en la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa. Actualmente Murillo Karam está preso en el Reclusorio Norte, luego de ser aprehendido afuera de su domicilio en agosto de 2022.
Algunas causas que conducen a que las autoridades busquen detenerlos son: la corrupción, el abuso de poder, violación a los derechos humanos, el mal uso de recursos públicos, delitos financieros y la complicidad con el crimen organizado. Varios alegan persecución política.
Indudablemente, los procesos judiciales que involucran a las autoridades seguirán acaparando los titulares de nuestros periódicos. Los sistemas políticos y legales deben estar diseñados para asegurar que ningún individuo pueda abusar de su poder. La vigencia de la justicia, como columna vertebral de la democracia, se alza como garante de la confianza ciudadana en sus líderes y en el sistema que nos rige y representa.
