Para Estados Unidos la relación con México es de vital importancia y por ello sería un error subestimar la intención del presidente Donald Trump de nombrar como terroristas a los narcotraficantes mexicanos.
Sin embargo, México no debe sobrerreaccionar a la eventual aplicación de dicha medida, sobre todo en relación con el presunto ilegal uso de la fuerza, porque nuestro gobierno estaría haciéndole el juego a sus fines de reelección en algo que no va a suceder.
Estados Unidos tiene el derecho a combatir por medios financieros a grupos terroristas, pero no le da el derecho al uso de la fuerza sin la autorización del Consejo de Seguridad, donde el veto de cualquiera de los otros cuatro miembros permanentes impediría dicha acción contra México.
México no está en guerra contra Estados Unidos, ni tampoco México es Irak ni el cártel de Sinaloa es Al Qaeda. Estamos apenas al inicio de una nueva campaña en la Unión Americana y Trump está repitiendo la misma estrategia de infundir la percepción de lo que significa para Estados Unidos ser vecino de México: un peligro.
Tres años después de la anterior campaña y al inicio de la nueva, Trump proclama a sus electores: misión cumplida. Construimos el muro (aunque no lo han terminado, ni México lo pagó), cerramos la frontera a los migrantes indocumentados y solicitantes de asilo (gracias al gobierno mexicano que aceptó militarizar sus fronteras a cambio de no imponer aranceles), vamos a deportar a los dreamers (una vez que la conservadora Suprema Corte de Justicia nos dé la razón) y renegociamos un nuevo TLC (que no ha sido ratificado por culpa de los demócratas).
Y ahora, justo ahora, ofrece una nueva promesa: acabar con las drogas procedentes de México que, según él, cada año matan a más de 100 mil estadunidenses. Trump manifestó que lleva trabajando unos 90 días en la designación de narcoterrorismo, ya que “el proceso no es fácil”.
No hay que caer en el engaño. Hace 90 días no había ocurrido la matanza de nueve mujeres y niños en Bavispe, ni tampoco la fallida detención del hijo de El Chapo en Culiacán. Además, el Departamento de Estado, no la Casa Blanca, es la autoridad que por ley toma la decisión.
Las Organizaciones Terroristas Extranjeras (FTO, por su sigla en inglés) son designadas por el secretario de Estado, de conformidad con la sección 219 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad. La designación de FTO sirve para impedir el apoyo financiero a grupos terroristas, pero la ley no autoriza el uso de la fuerza en otro país.
Por ello, la amenaza de etiquetar a los cárteles mexicanos como terroristas sirve a fines mediáticos electorales tanto en Estados Unidos como en México. No hay que dejarse llevar por el pánico ni el patrioterismo.
Ni México debe declarar que hay actos terroristas cuando los mexicanos son víctimas de crímenes de odio en Estados Unidos ni Estados Unidos cuando estadunidenses son acribillados en territorio nacional por narcotraficantes.
Posdata
Obtuve el Premio Nacional de Comunicación José Pagés Llergo en la categoría de análisis político. Agradezco la presea a la fundación que lleva el nombre del legendario periodista.
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