La elección de los juzgadores por votación popular no contrarrestaría la corrupción en el Poder Judicial. Legisladores y gobernantes corruptos, todos ellos electos por el pueblo, abundan en México. ¿Para qué serviría entonces elegir a ministros, magistrados y jueces? Para incentivar sentencias bien vistas por la gente, justas o injustas. El presidente López Obrador dice que eso los despegaría de los ricos y los acercaría a los pobres, lo cual es falso. No solo porque sobran políticos votados por los de abajo que ya en el poder privilegian a los de arriba sino también, y sobre todo, porque no es ese el papel de la judicatura.
No soy jurista, aclaro, pero los politólogos también estudiamos la justicia. Y yo no recuerdo, de entre los diversos análisis taxonómicos, nada que desmienta que la tarea primordial del Poder Judicial es la justicia conmutativa o “legal” (con la procesal, la retributiva, la restaurativa y el etcétera complementario que se quiera). Hasta donde yo aprendí, la justicia distributiva le corresponde preponderantemente a los Poderes Legislativo y Ejecutivo. Pero dejemos la teoría y volvamos al sentido común: a los diputados y senadores les toca hacer leyes para forjar una sociedad más justa y al presidente ejecutarlas, junto con políticas públicas con el mismo propósito. De eso que se conoce como justicia social a los juzgados llega poco: si acaso, incorporar en un fallo consideraciones constitucionales de equidad. Lo suyo es juzgar conforme a Derecho.
Disponer que se elija a los juzgadores para limpiar y “popularizar” al Poder Judicial es un despropósito. Para lo primero, entre otras cosas, habría que reestructurar al Consejo de la Judicatura, que no debe encabezar el titular de la Suprema Corte (en la reforma realizada con el beneplácito de AMLO en 2021, por cierto, Zaldívar no renunció a esa facultad). Y para evitar que los ricos avasallen a los pobres en los tribunales habría que empezar por fortalecer, sublimar la defensoría de oficio. Ninguno de esos objetivos se alcanzaría poniendo en una boleta cientos de nombres. Lo que sí se propiciaría es que un juez condenara a una persona impopular (por haber sido blanco de ataques desde el poder político o mediático, por ejemplo) aun siendo inocente. En efecto, la iniciativa presidencial induce la lógica del linchamiento. Si el pueblo se reúne en la plaza y grita que alguien es un secuestrador de niños, sea o no verdad, hay que lincharlo. Y como dijo AMLO en el caso de Tláhuac en 2004, cuando quemaron a tres policías: con las creencias del pueblo no hay que meterse. Si se comete una injusticia, ni modo. Vox populi vox Dei.
Esto es lo que se le metió en la cabeza al presidente. Una barbaridad que no lleva a la corrección de los vicios de nuestro Poder Judicial sino a una costosa defenestración de quienes lo desafiaron y al control del único reducto del Estado mexicano que escapa al dominio de la 4T. Va porque va, aunque resulte caótica, porque AMLO ganó las elecciones y su palabra es la ley. Me temo que quienes votaron la concentración de poderse darán cuenta demasiado tarde del daño que causa un gobernante cuando no tiene contrapesos, cuando nadie puede revisar sus decisiones y nada puede enmendar sus errores. No es teoría, también es sentido común.
