La creación de la Secretaría de Cultura es la noticia de hoy. Si para la diputada Carmen Gaytán con la aprobación de la iniciativa presidencial el Congreso ya puede decir: "Colorín colorado: feliz regalo de Navidad", en realidad este es el principio de un proceso y falta saber quién es el beneficiario del regalo, qué se hará con el contenido y qué tan prioritaria será la cultura, en los hechos, para el Estado mexicano.
Peña Nieto firmó ayer el decreto para la promulgación de la nueva secretaría. Lo que sigue, en términos burocráticos, es que se publique en el Diario Oficial antes de fin de año para que la Secretaría de Cultura inicie funciones el 1 de enero. Con la desaparición del Conaculta (luego de 25 años, desde que Salinas de Gortari lo creó por decreto), el Presidente deberá nombrar un titular en los próximos días y es previsible que Rafael Tovar y de Teresa se convierta en secretario.
En términos más amplios, destaca el análisis de Carlos Villaseñor, abogado experto en políticas culturales y en economía creativa. La nueva secretaría agrupará lo que ahora es Conaculta y las 21 instituciones que coordina. Desconcentrada de la SEP, la gestión cultural pública cobra una jerarquía administrativa superior. Lo más importante ahora es la aprobación de una Ley General de Cultura, pendiente desde 2009, cuando se reformó el artículo 4 para elevar a rango constitucional el derecho de acceso a la cultura. Y es que los partidos políticos eliminaron desde entonces el tema de su agenda legislativa de manera que la ley secundaria y el reglamento para hacer valer ese derecho quedaron en el aire.
Para Villaseñor, la aprobación de dicha ley es indispensable para definir y ejecutar "una nueva política pública con visión de Estado que satisfaga el ejercicio pleno de los derechos culturales". Y propone una agenda de "500 días por la cultura" que comprometa al Legislativo a elaborarla y aprobarla antes del año electoral 2018.
La iniciativa presidencial se aprobó prácticamente sin oposición o cuestionamientos de fondo en el Congreso. Pero quedan más preguntas que certezas: ¿se crea una secretaría cuando el presupuesto cultural asignado para 2016 —de 17 mil millones de pesos— implica una reducción de 27 por ciento, en términos reales, con respecto al de 2015? ¿Cómo funcionarán el Fonca, el INBA y el INAH? ¿En manos de quién queda la educación artística? ¿Cómo ejercer el derecho al acceso a la cultura cuando el salario mínimo aumentó solo 2.94 pesos? ... Es decir, ya está la secretaría, falta conocer el proyecto.
