El pasado día 2 de diciembre se procedió a desalojar el área de mostradores que tenía asignados en la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional Miguel Hidalgo de la Ciudad de México la compañía de aviación Interjet. También se llevó a cabo la recuperación del edificio de la compañía ubicado en Circuito Interior en la Ciudad de México.
Recordemos que esta empresa de aviación está sujeta a Concurso Mercantil y que es el Juez respectivo el que puede decretar mandamientos para que se observen las reglas específicas del Concurso.
El caso está asignado al Juez Saúl Martínez Lira, titular del Juzgado Segundo de Distrito de Concursos Mercantiles con sede en la Ciudad de México, quien había ordenado suspender todo mandamiento de embargo de bienes o aseguramiento o ejecución respecto de propiedades y posesiones de la empresa comerciante.
Es una orden judicial; una orden federal; las órdenes no se discuten, se obedecen.
Y como siempre hay un pero, éste estuvo a cargo del personal de la Secretaría de Marina, que procedió a realizar el desalojo, violando claramente el mandato de la autoridad judicial que data del 29 de agosto.
Por esa razón, el Juez, ordenó requerir al Secretario de Marina para que en un plazo de tres días informe pormenorizadamente a la autoridad judicial, sobre la ocupación de las instalaciones de Interjet, cuyo nombre comercial es ABC Aerolíneas, y el motivo que originó tal ocupación llevada a cabo por elementos de la Secretaría de Marina.
Apercibió al Secretario de Marina, el almirante José Rafael Ojeda, que en caso de no rendirle el informe en el plazo señalado así como con los pormenores requeridos, se hará acreedor a una multa de 11,546 pesos y en caso de que el Juez de Distrito confirme que su orden fue violada, tendrá que dar vista a la Fiscalía General de la República para que inicie el procedimiento penal respectivo por los delitos que resulten.
Este caso no tendría mayor relevancia si no fuera porque el 24 de octubre de este año que está por terminar, la Jueza Karla María Macías Lovera, titular del Juzgado Noveno de Distrito en el estado de Guanajuato, concedió una suspensión definitiva para suspender la transferencia de la Guardia Nacional al Ejército, sin embargo de manera desafiante la Secretaría de Seguridad Nacional, a través de su Dirección de lo Contencioso de la Unidad de Asuntos Jurídicos, respondió que no acataría la suspensión, ni la constitución ni la ley de amparo.
Si tampoco lo hará la Secretaría de Marina, no tendremos duda y entonces es claro que vivimos en un país donde la ley no importa y solo vale lo que se hace al amparo del poder y a eso se le llama simple y sencillamente una dictadura.
Abel Campirano Marín
