La constante de la violación a la ley no puede normalizarse porque trastoca el orden jurídico y hará imposible la vida en sociedad pues la anarquía estará presente, generando inestabilidad política.
Cuando México alcanzó la vida independiente aprovechando la coyuntura del vacío de poder tras la abdicación de Bayona, una de las primeras tareas a realizar fue el establecimiento de un régimen democrático paulatino, partiendo de una estructura legal contenida en la Constitución de Cádiz.
Le sucedieron la Constitución de 1824, la que le siguió la de 1857 y finalmente el Constituyente de Querétaro conformó la que actualmente nos rige que data de 1917, aunque tristemente apartada de los ideales revolucionarios y verdaderamente transformadores, alejamiento que se ha venido acrecentando conforme se han cambiado las preferencias electorales y cada gobierno ha diseñado ad hoc el modelo a seguir atendiendo a sus ideales y proyectos.
Independientemente de un análisis de la conformación ideológica de nuestras leyes fundamentales y la tendencia política de los gobiernos en turno, todos han tenido una estructura normativa sobre las que descansan sus plataformas y planes sexenales.
Olvidarse del principio inexcusable del cumplimiento de la ley significa un retroceso político social que tiene como consecuencia previsible la desobediencia civil. Si el Gobierno, que es el ente que se encarga de dirigir el destino de la nación, elegido por voluntad popular, no se preocupa por la observancia de la ley y no tiene la conducta ejemplar de cumplirla, carece de legitimidad para exigir a los gobernados su cumplimiento.
El mentecato discurso de que el axioma dura lex sed lex pierde eficacia por la rústica apreciación de que si la ley no está acorde al pensamiento del líder deberá prevalecer el concepto individual frente a un sistema legislativo, llevará irremisiblemente a nuestro pueblo a una confrontación que pasará del campo de las ideas a la violencia irracional y pendenciera.
No puede un gobernante que se precie de ser patriota, exhortar continuamente, de manera subliminal y peor aún de manera directa, exhortar a que en aras de un proyecto político, se eximan los particulares del cumplimiento de la ley.
Las leyes se concibieron para ser observadas; para servirnos de base regulatoria para una convivencia armónica y por tanto el pacto social exige que todos y cada uno de nosotros, gobernantes y gobernados cumplamos con la tarea de la conservación del orden mediante el cumplimiento de la norma.
Por esa razón, es importantísimo que no perdamos de vista la existencia de un poder independiente que debe salvaguardarse a toda costa, que es el poder judicial, concebido por los ideólogos de la teoría del estado, como ese fiel de la balanza, que garantiza el equilibrio de los otros dos, el ejecutivo y el legislativo, para evitar los excesos.
Admitiendo la falibilidad propia de la condición humana, bien sabedores de que hay errores, descuidos e incluso actos de corrupción cuya existencia no justifica un enjuiciamiento general, no es un acto políticamente correcto el ataque continuo, indiscriminado hacia el poder judicial y sus integrantes, porque el encrespamiento de las aguas ocasionará el mar de fondo, que socavará La Paz social y nos llevará por los siniestros caminos de un modelo dictatorial, en donde la idea de un solo hombre prevalecerá frente a las voluntades individuales, reduciendo a los gobernados a una masa informe que sirve solo para el sostenimiento del poder por el poder mismo y no por el bien común.
Esas reflexiones tenemos que hacerlas para hacer juicios de valor desprovistos de apasionamientos y posicionamientos emocionales frente a estructuras de pensamiento racionales.
No nos dejemos engañar. La ley es la ley, y su cumplimiento garantiza La paz social.
