Por: Carlos Moreno Jaimes, Alfonso Rojas-Alvarez y Jacqueline L. Angel
Ilustración: David Peón, cortesía de Nexos
Una de las decisiones más controversiales del presidente Andrés Manuel López Obrador fue la eliminación, en noviembre de 2019, de la reforma más ambiciosa en materia de protección financiera en salud de las últimas dos décadas: el Seguro Popular, política que operó en México desde 2004, orientada a proteger a la población sin seguridad social y basada en un sistema descentralizado de provisión de servicios a escala estatal. El presidente anunció su decisión desde diciembre de 2018, poco antes de iniciar su periodo de gobierno, señalando que el Seguro Popular “ni es seguro, ni es popular” y que se sustituiría por un sistema de servicios de atención a la salud para personas sin seguridad social operado centralmente por el gobierno federal, bajo el nombre de Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi). Sin embargo, la recentralización de los servicios de salud no fue homogénea, pues los 32 estados de la Federación tuvieron la opción de mantener la operación de sus propios servicios, o bien cederlos a favor del Insabi. Al cancelarse el Seguro Popular a finales de 2019, diez estados gobernados por partidos contrarios al del presidente se manifestaron en contra de adherirse al Insabi debido a la poca claridad sobre los detalles de su funcionamiento.
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