Por Gerardo Álvarez
Ilustración: Adrián Pérez, cortesía de Nexos
La opinión consultiva solicitada por México es una oportunidad histórica por distintas razones. Se trata de una resolución con el potencial de tener un impacto importante en la manera en la que se atiende el problema de la violencia armada en toda la región. A su vez, también resulta relevante porque la Corte podrá definir de forma clara y justificada los alcances y límites de la responsabilidad internacional de empresas privadas por violaciones a los derechos humanos, particularmente en un contexto en el que el riesgo provocado es altísimo. El impulso de este proceso se suma a los distintos pasos de política exterior que México ha seguido para instalar estas temáticas en la agenda internacional. Cabe recordar que México actualmente mantiene la presidencia del Grupo de Trabajo sobre Armas de Fuego de las Naciones Unidas; la Ciudad de México fue la sede de la primera reunión de las partes del ATT; la Cancillería demandó a distintas empresas de armas de fuego en sede federal estadunidense en 2021 y 2022; y el Entendimiento Bicentenario de 2021 con Estados Unidos contiene compromisos importantes en materia de atención al tráfico transfronterizo de armas de fuego. Se trata de una actitud de diplomacia proactiva que reconoce la importancia de esta problemática.
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