Por: Gerardo Álvarez García Peña y María Guadalupe Vega Cardona
Ilustración: Kathia Recio, cortesía de Nexos
La Suprema Corte tardó seis años, diez meses y dos días en resolver esta demanda de acción de inconstitucionalidad. Durante todo ese tiempo, un marco regulatorio procesal con varias porciones inconstitucionales fue aplicado por fiscales y jueces militares, que carecen de las garantías de autonomía e independencia judicial que sí tienen sus pares civiles. Sin dejar de mencionar que seguirán vigentes algunas disposiciones igualmente graves, como imponer multas a personas civiles por no presentarse a comparecer en procedimientos penales militares o el proceso para el levantamiento de cadáveres. Aquí es donde entra el Poder Ejecutivo. Por un lado, el Ejército aplicando normas que evidentemente extendían los límites constitucionales del fuero militar. Y por otro, las autoridades civiles con su aquiescencia. Al resolver el asunto, hubo aciertos y desaciertos por parte del pleno de la Suprema Corte, pues al declarar inconstitucionales normas que permitían la geolocalización, cateos e intervención de comunicaciones —incluso a personas civiles— por parte de autoridades militares, se avanza en delimitar la actuación de las fuerzas armadas. Sin embargo, la resolución se quedó corta en otros temas como el acceso a la información, perdiendo de vista que las instituciones de defensa se caracterizan por ser reacias a la transparencia y la rendición de cuentas.
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