Por: Salvador Mejía
Ilustración: Víctor Solís, cortesía de Nexos
La reforma penal-fiscal de 2019 fue aprobada durante la LXIV legislatura con 276 votos a favor, 144 en contra y treinta reservas. Es decir: sucedió gracias a la abrumadora mayoría que el partido de Andrés Manuel López Obrador ostentó durante la primera mitad de su presidencia. La Corte lo dijo con todas sus palabras:“El legislador se excedió al calificar tales delitos como amenazas a la seguridad nacional, pues no se trata de conductas que atenten directamente contra esta última”. Una reforma así, con tantos indicios de inconstitucionalidad, no podría haber ocurrido en una legislatura en la que el partido en el poder no tuviera la mayoría. Gracias a su superioridad numérica, ese grupo político tuvo acceso a una posición de poder que le permitió modificar las leyes para entregar al Poder Ejecutivo armas para amedrentar a sus opositores y acumular con ello más poder. Esto, por supuesto, en lugar de proporcionarle las herramientas para combatir los crímenes financieros.
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