Ciudad de México /
Por Dulce Alejandra Camacho Ortiz
Ilustración: Víctor Solís
Si el dictamen resulta aprobado, nuestro artículo 3º constitucional no sólo incorporará el derecho universal y gratuito a la educación superior, sino que también acrecentará las atribuciones estatales en la materia. Lo primero significaría un avance nominal a costa del incumplimiento de la obligación que conlleva. Lo segundo, un riesgo para la libertad. Constitucionalizar el derecho universal a la educación superior gratuita conduce a una perplejidad: o bien se está incorporando para no ser considerado obligatorio (lo que resulta un contrasentido con su carácter de fundamental) o es una obligación reconocida para incumplirse.
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