Por: Gabriel Rojas
Ilustración: Adrián Pérez, cortesía de Nexos
La política anticorrupción es un perfecto ejemplo de cómo las reformas son utilizadas como instrumentos —e incluso como discursos—. El combate a la corrupción representa uno de los temas insignia de esta administración, en el cual este gobierno cimenta gran parte de sus acciones; sin embargo, trascendiendo a las acciones, la política anticorrupción no mantiene una lógica clara. Los esfuerzos dirigidos desde la SFP consisten en acciones que no impactan directamente contra la corrupción, sino que contienen elementos más bien retóricos sin fundamentos sólidos. Un ejemplo claro es la extinción de fideicomisos, una medida cuestionable con un análisis mínimo sobre sus impactos en comunidades artísticas, científicas y educativas. Por si fuera poco, la relocalización de los fondos obtenidos de los fideicomisos ha ocurrido de manera discrecional, sin resultados evidentes sobre la reducción de la corrupción en su gestión.
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