Por: Diego Armando Piñón López
Ilustración: Estelí Meza, cortesía de Nexos
La pandemia representó la oportunidad a modo para dar letra a la instrucción de la no reprobación, anteponiendo como principal justificación no afectar el trayecto formativo de los estudiantes que más sufrieron los estragos de la contingencia sanitaria y así aminorar los efectos de la desigualdad social en el país. Un argumento contra el que poco se puede rebatir: es sensato. Sin embargo, su vigencia tiene caducidad. El acuerdo 11/06/22, por el que se regulan las acciones específicas y extraordinarias para la conclusión del ciclo escolar 2021-2022 y el inicio del ciclo escolar 2022-2023, puede significar un paso más hacia la consolidación de una política más contundente, amplia y duradera. Su artículo séptimo dice a la letra: “En todos los casos en que se asiente una calificación numérica en la boleta de evaluación de las y los estudiantes de educación primaria y secundaria, la calificación que deberá registrarse no podrá ser inferior a 6”. De esta manera, la educación básica se convierte en una fase experimental en la que se evalúa la pertinencia, los riesgos y hasta la reticencia de los involucrados, para en un momento ulterior establecerla ya desde una base anticipada. El desenlace de este ciclo escolar, que apenas comienza, seguramente dictará con precisión el porvenir en los ciclos venideros.
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