Por: Armando David Rodríguez Maldonado
Ilustración: Víctor Solís, cortesía de Nexos
Si el presidente López Obrador desea elevar su agenda de soberanía energética al rango de decisión política fundamental del Estado, lo apropiado sería convocar a un proceso de reforma constitucional. Tristemente, para ello tendrían que afectarse el sistema federal de gobierno y el mandato de ciertos entes autónomos, además de restringir los derechos a un medio ambiente sano, al desarrollo sustentable, así como la libertad de comercio e industria de las personas. Más allá de los conflictos de derecho internacional que provocaría este cambio drástico en el modelo energético, cabe preguntarse: ¿En qué narrativa de moralidad podría justificarse una política energética soberana que ignora la dignidad y las libertades de la persona y, en cambio, las sacrifica por un ánimo de control?
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