El titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Gerardo Ruiz Esparza, informó que se ha demandado penalmente a las compañías constructoras, Administradora de Capital de México y Constructora Peguero Encarnación (Construpe) por entregar documentación falsa para licitaciones carreteras.
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Durante su comparecencia en el Senado, Ruiz Esparza, afirmó que estas compañías ya han sido inhabilitadas para que puedan participar en otros concursos que lance el gobierno federal.
El funcionario especificó que la documentación falsa que entregaron se refirió a las experiencias que decían tener en temas de construcción de carreteras.
El titular de la SCT señaló que estas inconsistencias de Construpe y Administradora de Capital de México fueron en licitaciones que se lanzaron en 11 delegaciones que tiene la dependencia a escala nacional.
Ruiz Esparza indicó, sin especificar el nombre, que una de estas compañías ya ha sido multada económicamente y una segunda se amparó, por lo cual están esperando a que concluya este proceso para poder determinar el monto de la sanción.
Indicó que una vez que detectó que las compañías habían entregado documentación falsa, se remitió la información al Órgano Interno de Control de la SCT para que realizara una auditoría y verificara que en los dos casos era una cuestión ilegal.
El funcionario comentó que tanto Construpe como Administradora de Capital de México ya habían concluido con las obras carreteras que se asignó de forma satisfactoria y fue hasta este momento que se identificó el acto ilegal.
“Se vieron que eran documentos evidentemente falsos, no claros a la vista, pero sí a la luz de un experto”, señaló el titular de la SCT.
Agregó que en los cuatros años de esta administración se han lanzado 11 mil 500 licitaciones, un trabajo importante y donde la dependencia no tiene la forma de andar verificando que las empresas digan la verdad, pero cuando se detecta actúa con todo el peso de la ley.
En los concursos que lanza la SCT se obra en la buena fe y con la protesta de que las empresas involucradas digan la verdad, de lo contrario se realizan estas demandas penales.
“Las empresas mexicanas tienen que llegar con esa obligación de bajo protesta decir la verdad”, señaló el funcionario.
Otras de las empresas que han sido inhabilitadas en esta administración han sido Tradeco y Grupo Industrial IGSA, la primera por 30 meses, mientras que la segunda por tres meses.
La Secretaría de la Función Pública indicó que el gobierno no podrá celebrar contratos con estas compañías durante el periodo referido.
