Amazon se convirtió en la primera empresa estadunidense en impugnar la legislación propuesta por la Unión Europea para obligar a las grandes compañías de tecnología a vigilar los contenidos en línea, con el argumento de que la ley se dirige injustamente contra ella.
El gigante de tecnología con sede de Seattle presentó una solicitud ayer ante el Tribunal General de Luxemburgo para anular su designación como “plataforma en línea muy grande” en virtud de la Ley de Servicios Digitales (DSA, por su sigla en inglés), que impone obligaciones adicionales para hacer frente al discurso de odio y la desinformación en línea.
El movimiento de Amazon será observado de forma estrecha por otras 18 compañías, entre ellas Twitter y TikTok, que, según la Unión Europea, entran en el ámbito de aplicación de la ley.
El mes pasado, la alemana Zalando, el minorista en línea más grande de Europa, se convirtió en la primera empresa en iniciar una acción legal por verse afectada por la legislación. Desde hace tiempo se esperaba que los grupos de Silicon Valley también impugnaran la normativa.
La DSA busca dirigirse a intermediarios como Zalando para que los reguladores puedan vigilar mejor la seguridad y autenticidad de los productos que se venden en línea.
Según Amazon: “La DSA se diseñó para abordar los riesgos sistémicos que plantean compañías muy grandes con la publicidad como principal fuente de ingresos y que distribuyen discurso e información. Amazon no encaja en esta descripción de ‘plataforma en línea muy grande’ bajo la DSA y, por tanto, no se le debe designar como tal”.
La compañía estadunidense dijo que la mayor parte de sus ingresos procede de su negocio minorista. Su inclusión en la lista de empresas objetivo de la Comisión Europea significaría que sería "injustamente señalada y obligada a cumplir obligaciones administrativas onerosas que no benefician a los consumidores de la Unión Europea”, dijo.
Amazon va a argumentar que su tienda pone a disposición de los usuarios productos para la venta y que no difunde contenidos, como la desinformación, a los que pretende hacer frente la normativa DSA.
La ley entra en vigor el 25 de agosto y forma parte de una reorganización de las normas digitales del bloque. Establece nuevos estándares para vigilar el discurso de odio, la desinformación y las falsificaciones en línea que deben cumplir todas las grandes plataformas digitales.
La comisión reconoció la iniciativa de Amazon, pero indicó que no tenía “ningún comentario” al respecto.
“El ámbito de aplicación de la DSA es muy claro y se define para cubrir todas las plataformas que exponen a sus usuarios a contenidos, incluida la venta de productos o servicios, que pueden ser ilegales”, se puede leer en el comunicado.
Se añade que “tanto para los mercados (marketplaces) como para las redes sociales, el alcance muy amplio de los usuarios aumenta los riesgos y las responsabilidades de las plataformas para abordarlos”.
La Comisión Europea agregó que defenderá su postura ante los tribunales.
