La Cámara de la Industria de la Transformación (Caintra) Nuevo León, manifestó su preocupación por los efectos negativos que traerá el Paquete Económico de 2020 y las mil 650 iniciativas de ley que están siendo analizadas por el Poder Legislativo, que de ser aprobadas éstas vendrían a impactar en la actividad productiva e inhibir aún más la inversión en México.
Ante este escenario, las dirigencias empresariales de Caintra, Canacintra, Concamin, CCE y Consejo de Hombres de Negocios se reunieron esta mañana en Palacio Nacional con Alfonso Romo, jefe de la oficina de la Presidencia de la República y Julio Scherer, consejero jurídico del Ejecutivo federal, a fin de intercambiar puntos de vista sobre la difícil situación económica que enfrenta el país y el paquete económico del 2020, así como los efectos negativos que ocasionarían las mil 650 iniciativas de ley que son revisadas en la Cámara de Diputados y el Senado de la República.
Guillermo Dillon, director de Caintra expresó que, durante la mañana de este martes, las dirigencias empresariales de Caintra, CCE, Canacintra y Consejo de Hombres de Negocios sostuvieron una reunión con miembros del gabinete económico de AMLO.
“Estamos muy preocupados por la caída en la inversión privada y ni que se diga de la pública. En este año, el sector privado dejará de invertir 90 mil millones de pesos. La tasa de crecimiento de la inversión privada se ha mantenido en terreno negativo durante los últimos tres trimestres, el último de 2018 y los dos primeros del 2019, donde ya alcanza una baja de cuatro por ciento. Y esta tendencia se estima continuará en el 2020”, indicó.
En conferencia de prensa, el directivo comentó que las diferentes iniciativas de ley que son analizadas por el Poder Legislativo preocupan a los industriales, en temas fiscales, laboral, ambientales y normas de etiquetado.
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Por citar un ejemplo, está en el aumento a los supuestos para la cancelación de sellos digitales en el paquete de 2020, que impiden a una empresa facturar y por ende continuar operaciones, así como la ampliación del plazo para resolver controversias, lo que traería un impacto en las pymes y la amenaza de cierres de algunas de ellas.
En materia laboral, señaló que se pretende aumentar al doble el pago de salarios vencidos, hasta 24 meses, así como la tasa de interés de penalización para el patrón de dos a cuatro por ciento lo que genera un clima de incertidumbre y merma la generación de nuevos empleos.
