El gobierno de Nicaragua aceptó invitar a observadores internacionales de derechos humanos para investigar las violentas muertes ocurridas durante las protestas antigubernamentales, informó el cardenal Leopoldo Brenes.
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Se acuerda "urgir la presencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (...) para coadyuvar en la investigación de todas las muertes y actos de violencia" ocurridos en los últimos dos meses de protestas, anunció el presidente de la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN).
El gobierno de Daniel Ortega también se comprometió a invitar de inmediato al Alto Comisionado de las Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos y a expertos de la Unión Europea (UE) para que ayuden a la solución de la crisis en Nicaragua, indica el acuerdo leído por el cardenal Brenes.
Las partes estimaron además "importante la presencia inmediata de la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (OEA) en este esfuerzo.
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El gobierno y la oposición acordaron asimismo crear una Comisión de Verificación y Seguridad, que será mediada por la Iglesia con acompañamiento de la Comisión Internacional de Derechos Humanos, la ONU y la UE.
La comisión tendrá la función de trabajar en el desarrollo de "un ambiente de paz" y en un "plan para la remoción de los bloqueos" que los manifestantes opositores mantienen en las carreteras desde hace días y que han paralizado a varias ciudades.
"La mesa de diálogo hace un llamado al cese de todo tipo de violencia y amenazas venga de donde venga", instaron los obispos en el comunicado.
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El acuerdo fue alcanzado después de varias horas de negociaciones, tras reanudar este viernes el diálogo entre el gobierno y la alianza opositora en medio de una fuerte represión contra las protestas antigubernamentales.
Al menos 170 personas han muerto desde que estallaron las protestas contra el gobierno de Ortega el 18 de abril, según el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh).
En una visita a Nicaragua a finales de mayo, la CIDH encontró "un padrón de violencia y represión" de las protestas y subrayó un "ambiente de intimidación, de amenazas", según dijo luego en Washington su secretario ejecutivo, Paulo Abrao.
RLO
