Con un saldo récord de más de 60 muertos por el temporal Elliot, miles de vuelos cancelados y millones de estadunidenses sin electricidad, la administración del presidente Joe Biden enfrenta las secuelas de una tormenta perfecta no solo climática, sino potencialmente política conforme su gobierno sea evaluado por su capacidad de restablecer un grado de normalidad, servicios públicos y transportación.
Elliot, la peor tormenta invernal en el medio siglo reciente, se suma a una larga lista de fenómenos climáticos etiquetados como “históricos” o “sin precedente” en medio del debate sobre los impactos del calentamiento global, aun cuando los científicos no se han puesto de acuerdo sobre si Elliot puede atribuirse directamente al efecto del cambio climático.
Biden emitió una declaratoria de emergencia para Nueva York, la región más afectada del país, pero tendrá que enfrentar las consecuencias del fenómeno como lo hicieron sus antecesores.
En 2017, en su primer año de gobierno, Donald Trump vio descender sus bonos políticos a escala nacional, y particularmente entre los puertorriqueños, debido a lo que fue calificado como una respuesta “desastrosa” al huracán María, el más letal en la historia de la Isla del Encanto, y que dejó un saldo trágico de al menos 3 mil muertos y más de 90 mil millones de dólares en daños materiales.
Las imágenes de Trump arrojando papel higiénico a los damnificados durante una visita a la isla consolidaron su imagen como un líder insensible. Cuatro años después, cuestionado si había aprendido la lección, el magnate respondió que no había nada que aprender porque su respuesta fue un “éxito indiscutible”. En 2020, los votantes puertorriqueños residentes en Estados Unidos votaron abrumadoramente a favor de Joe Biden.
En 2005, el presidente George W. Bush fue blanco de condena universal por la mala preparación de su Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) y su pésima respuesta para lidiar con los devastadores efectos del huracán Katrina, un ciclón categoría 5 que causó más de mil 800 fallecimientos y más de 125 mil millones de dólares en daños.
Las imágenes aéreas de la devastación y la inundación provocada en la ciudad de Nueva Orleans, con miles de residentes, la mayoría afroamericanos pobres, aguardando en las azoteas de sus humildes viviendas la llegada de los equipos de rescate marcaron la presidencia de Bush como una de las más torpes en su gestión de emergencia climáticas.
Aunque Biden no ha recibido críticas directas por su respuesta a las víctimas de Elliot, los republicanos asumirán la próxima semana el control de la Cámara de Representantes y han amenazado con lanzar una campaña sin precedentes de investigaciones contra el presidente, su familia y las políticas de su gobierno.
Una de las primera áreas potenciales de investigación puede ser la vigilancia a través del Departamento del Transporte (DOT) a las regulaciones sobre las aerolíneas, luego de que Elliot provocó la cancelación de más de 12 mil vuelos de la empresa SouthWest, que dejó a decenas de miles de usuarios varados en Navidad.
A diferencia del resto de líneas aéreas estadunidenses, que se recuperaron rápidamente de los estragos de la tormenta invernal, SouthWest experimentó un colapso en sus operaciones dentro de Estados Unidos, por lo cual es de esperarse que el Congreso revise si la administración Biden fue negligente en vigilar la gestión de la aerolínea.
De entrada, el Comité de Comercio del Senado ya anunció que revisará las acciones de SouthWest y se buscará indemnizar a los pasajeros afectados.
Por lo pronto, el presidente Biden se cubre en todos los flancos para evitar las críticas que arreciaron a sus antecesores por su deficiente gestión de las secuelas de las tormentas.
Para empezar, el presidente declaró la emergencia en Nueva York y ordenó asistencia federal para complementar los esfuerzos de respuesta estatales y locales.
Su acción autorizó al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y a FEMA a coordinar todos los esfuerzos de socorro en casos de desastre para aliviar las dificultades y el sufrimiento causados en la población local y brindar la asistencia adecuada.
Específicamente, FEMA fue autorizada a identificar, movilizar y proporcionar a discreción el equipo y los recursos necesarios para aliviar los impactos de la emergencia, incluida la asistencia federal directa, y se proporcionaran 75 por ciento de financiación federal.
A la normalidad
En Nueva York, la población busca regresar a la normalidad luego de que se disipara la tormenta y se levantaran las restricciones para circular por carreteras y calles del condado de Erie, además de que se anunció la apertura del aeropuerto de Niagara Falls.
Hasta el momento la cifra de muertos alcanzó los 62 en todo el país, 37 de los cuales ocurrieron en la ciudad de Buffalo y sus alrededores, donde solo entre domingo y martes cayeron casi 1.40 metros de nieve, que en combinación con una fuerte ventisca paralizaron completamente la ciudad, provocando severos daños a subestaciones eléctricas y bloqueando en su totalidad calles y carreteras.
Por lo pronto el cielo despejado de este jueves en Nueva York ayudará a disipar la nieve, aunque al disminuir los bloques de hielo las autoridades temen encontrar más cadáveres y que se produzcan inundaciones.
“A medida que las temperaturas comienzan a subir, nos estamos preparando para posibles inundaciones debido al derretimiento de la nieve en el oeste de Nueva York”, alertó la gobernadora Kathy Hochul, quien anunció la disposición de 800 mil sacos de arena y más de 300 bombas y generadores listos para succionar líquido y evitar otro desastre en la ciudad.
En su cuenta de Twitter, la mandataria dio a conocer también la apertura total de las rutas estatales 5, 33 y 198, así como la parte de la carretera interestatal 190 del condado de Erie.
“Estamos trabajando las 24 horas del día para ayudar a que el oeste de Nueva York se recupere de esta histórica tormenta invernal y no nos detendremos hasta que el trabajo esté terminado", prometió.
