El presidente del Congreso salvadoreño, Mario Ponce, tildó ayer de “intento de golpe de Estado” el ingreso el domingo de militares a ese órgano junto al mandatario Nayib Bukele, acción por la que la Corte Suprema advirtió al Ejecutivo.
“Nos hemos reunido (los dirigentes de las bancadas) para tomar acciones en relación a ese intento de golpe de Estado al órgano legislativo”, señaló Ponce en declaraciones a periodistas.
La denuncia de Ponce se refiere a la entrada por primera vez de policías antimotines y de soldados del ejército que portaban chalecos antibalas y fusiles de asalto el domingo a la sede del Congreso, a donde llegaron acompañados de Bukele.
La confrontación entre el presidente y el Legislativo surgió cuando Bukele —apoyado en una resolución del consejo de ministros— llamó a la Asamblea a sesionar de manera extraordinaria el fin de semana para aprobar un préstamo.
“Por supuesto que hubo un intento de golpe de Estado, intento de disolver la Asamblea Legislativa”, dijo Ponce en rueda de prensa.
El legislador hizo pública la condena en nombre de los 84 diputados, incluidos los parlamentarios del oficialista Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA), al salir de una reunión privada de más de cinco horas con los líderes de cada partido político que integran el Congreso.
“La Asamblea Legislativa de la República de El Salvador, por unanimidad, rechaza y condena enérgicamente la invasión de que fuera víctima el día domingo 9 de febrero”, añadió Ponce. Con dicha declaración, el Parlamento califica oficialmente de “intento de golpe” la irrupción con militares de Bukele.
Este es un hecho inédito desde que El Salvador ingresó a la vida democrática tras décadas de dictadura militar y una guerra civil de 12 años (1980-1992).
El legislador, miembro del Partido de Concertación Nacional (PCN), llamó al fiscal general, Raúl Melara, a investigar dicha acción y señaló que la actuación de representante del ministerio público, a su juicio, ha sido “pasiva”.
El Congreso salvadoreño llamó a las Naciones Unidas y a la OEA (Organismo de Estados Americanos) a “activar los mecanismos necesarios que permitan dar seguimiento a la crisis institucional generada por el Ejecutivo”.
Corte Suprema interviene
La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema ordenó a Bukele que cese de convocar a sesionar al Congreso y le prohibió “hacer uso de la Fuerza Armada en actividades contrarias a los fines constitucionalmente establecidos”.
Distintos sectores del país centroamericano han pedido mesura y diálogo para resolver el crisis política desatada por el enfrentamiento entre los poderes.
El conflicto estalló por la negativa de los legisladores a aprobar un préstamo de 109 millones de dólares para la compra de equipamiento para el ejército y la policía, que el presidente considera clave para mantener en marcha su plan para luchar contra las pandillas.
Tras su aparición en el Congreso, Bukele lanzó un ultimátum a los diputados, dándoles una semana para aprobar el crédito.
Los jueces constitucionales emitieron esta medida cautelar al admitir una demanda contra la convocatoria a una sesión extraordinaria hecha por Bukele a la Asamblea Legislativa.
El órgano judicial, que indicó que dicha demanda fue interpuesta por dos ciudadanos, también mandó al ministro de Defensa, René Merino, y al director de la Policía Nacional Civil (PNC), Mauricio Arriaza, no obedecer órdenes distintas a las que “constitucionalmente y legalmente están obligados”.
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