La presidenta brasileña, Dilma Rousseff, suspendida de sus funciones, apeló ayer a la OEA en un intento de detener el proceso que le puede costar el cargo, mientras aguarda que se fije la fecha definitiva del juicio aprobado por el Senado.
La demanda fue presentada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por el Partido de los Trabajadores (PT, izquierda), al que pertenece Rousseff, el cual explicó que la mandataria aparece entre los firmantes en calidad de “víctima” de un proceso “ilegal”.
La demanda exige a ese organismo de la Organización de Estados Americanos una medida cautelar que “suspenda” el juicio.
La madrugada de ayer, el pleno del Senado aprobó por 59 votos contra 21 un informe que acusa a Rousseff de irregularidades fiscales, con lo cual el proceso se encamina hacia su conclusión.
La última fase será una nueva votación en la Cámara alta, en el que sus 81 miembros decidirán si finalmente la mandataria es destituida, para lo cual será necesaria una mayoría calificada de 54 votos (dos tercios).
La fecha para esa última sesión será fijada en los próximos días por la Corte Suprema, que deberá convocarla para fines de este mismo mes.
La defensa de Rousseff niega los cargos contra la mandataria, acusada de irregularidades presupuestarias, contratar créditos para el gobierno con la banca pública y emitir decretos que alteraron los gastos sin autorización del Congreso.
En caso de ser destituida Rousseff, su vicepresidente y actual jefe de Estado interino, Michel Temer, asumirá el cargo hasta los comicios de 2018. Temer se volvió contra Rousseff, que califica de “traidor” y “usurpador” a su ex socio político, nombrado por ella en la fórmula electoral.
