El cártel de Cali ofreció ayuda al presidente de Colombia de hace 30 años, Virgilio Barco, en su lucha contra Pablo Escobar, dijo hoy el general retirado Miguel Maza Márquez, acusado de participar en el homicidio del candidato presidencial Luis Carlos Galán en 1989.
En el segundo día del juicio en su contra ante la Corte Suprema de Justicia en Bogotá, Maza negó nuevamente, como ya había hecho el lunes, estar vinculado a la muerte de Galán, un codiciado objetivo de los cárteles de la droga por su férreo discurso contra el narcotráfico.
En la jornada de este martes, Maza aseguró que "los señores del cartel de Cali le ofrecieron al gobierno (del entonces presidente Virgilio Barco) colaborar para capturar o dar de baja a Pablo Escobar".
El cártel de Cali, de los hermanos Gilberto y Miguel Rodríguez Orejuela, se enfrentaba a muerte en esa época con su similar de Medellín, que lideraba Escobar, el criminal más buscado del mundo, abatido en 1993.
"El presidente Barco (1986-1990) me comunicó la propuesta que se le había hecho y yo le dije: 'señor presidente, yo no hablo con ningún delincuente porque eso me lo van a cobrar'", agregó Maza, detenido desde fines de 2013 por el caso Galán.
Así, el ex jefe del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), adscrito a la presidencia de Colombia, prosiguió en la línea de su defensa, esbozada el primer día del juicio, según la cual, él también estaba en la mira de los narcotraficantes como lo demuestran varios atentados en su contra.
Para la Fiscalía, la implicación del general retirado en el crimen de Galán reside en el cambio de escoltas del político, justo antes de su asesinato cuando hacía campaña en el municipio de Soacha, aledaño a Bogotá, el 18 de agosto de 1989.
Otros dos candidatos en la pugna presidencial de 1990 fueron asesinados: el izquierdista Bernardo Jaramillo y el ex guerrillero del M-19 Carlos Pizarro, ambos en casos relacionados con agentes del DAS, paramilitares y narcotraficantes.
El DAS fue disuelto en 2011 tras 58 años de existencia, por haber sido vinculado con narcotraficantes y paramilitares; y más recientemente por seguimientos y hostigamiento a magistrados, opositores y periodistas críticos del ex presidente Álvaro Uribe.
