Jugar con las reglas se ha vuelto, por desgracia, un hábito en nuestra democracia electoral. Su barroca arquitectura normativa e institucional incentiva las impugnaciones y debilita la credibilidad del INE y el TEPJF. La presión es enorme. Consejeros y magistrados electorales no solo deben reaccionar con rapidez frente a circunstancias novedosas, sino que tienen que operar en un sistema regulatorio inestable y que pretende regular —sin nunca lograrlo— hasta el más mínimo detalle.
Basado en la desconfianza y potenciado por la interpretación judicial, tenemos un sistema electoral “legalista” que busca prever todos los escenarios posibles. La realidad siempre supera la imaginación de los autores de las normas. Por ello, las autoridades electorales tienen que generar soluciones sobre la marcha, que no siempre están previstas en las normas, y que acaban de nuevo en los tribunales. El juego del gato y el ratón.
Los enredos de las candidaturas independientes son un botón de muestra. Veamos. El derecho a ser votado es un derecho político larga y ampliamente reconocido. La legislación electoral mexicana exigía, sin embargo, que su ejercicio se diera solo a través de los partidos. Este modelo, con todos sus defectos, permitió la alternancia política y su validez fue incluso reconocida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Castañeda Gutman.
Fue hasta 2012, después de una larga batalla jurídica y política, que una reforma constitucional reconoció el derecho de los ciudadanos a solicitar directamente su registro como candidatos a cargos de elección popular sin pasar por los partidos, siempre y cuando cumplieran con los requisitos que establecieran las leyes (federal y estatales).
Los primeros problemas —sustantivos y procedimentales— surgen precisamente en esa definición legislativa. ¿Cuántas firmas de apoyo deben exigirse? ¿Cómo verificar su autenticidad? ¿Es válido establecer una distribución geográfica?
Toda alternativa genera costos y beneficios. Requisitos laxos incrementan la probabilidad de que la ciudadanía utilice estas vías, pero aumentan el riesgo de que el voto se pulverice en un sistema electoral sin segunda vuelta. Las respuestas de otros países varían mucho, pero en general se admite que los requisitos deben ser proporcionales o razonables.
Un par de ejemplos nos ayudan a ilustrar el problema. En Puebla, un movimiento de ciudadanos, encabezados por Enrique Cárdenas, ha buscado su postulación como candidato independiente para la gubernatura. Se toparon, sin embargo, con requisitos imposibles de cumplir. Dos veces impugnó Cárdenas y dos veces ganó. Pero a pesar de la prórroga que le otorgo el TEPJF, el candidato no alcanzó el 3% exigido por la ley. Seguramente volverá a impugnar y la sala superior se enfrentará a la compleja tarea de decidir sobre la proporcionalidad de este requisito.
En el aliento federal se gesta otro litigio que, aunque distinto en sustancia y forma, será igualmente complejo. La regulación del INE no anticipó supuestos que se dieron en los hechos —como los apoyos presuntamente simulados— y tuvo que hacer cambios en el procedimiento de verificación de firmas de último minuto. Ríos Piter y Rodríguez Calderón alegarán, en una nuez, que esos cambios los dejaron en estado de indefensión. El TEPJF deberá ponderar, por un lado, la importancia de garantizar la integridad de los apoyos ciudadanos y, por el otro, las posibles violaciones al debido proceso.
En este caso el TEPJF enfrentará un dilema. Puede adoptar una lectura formalista con un resultado probablemente indeseable, o bien optar por una solución de equidad que, garantizando el debido proceso, permita que el INE ejerza su función de supervisión y fiscalización. Ninguna solución será sencilla. Ojalá que, por un lado, la sala superior brinde la certeza que necesitamos mediante argumento sólidos. Y, por el otro, que aprendamos finalmente la lección: urge una legislación más simple y efectiva, que admita zonas de discrecionalidad controladas por un tribunal deferente que garantice sustantivamente los derechos.
SERGIO LÓPEZ AYLLÓN
Director e investigador del CIDE
JAVIER MARTÍN REYES
Profesor asociado del CIDE
