Al menos 400 embarcaciones recreativas, incluso yates, quedaron en embargo precautorio en operativo del SAT a marinas y puertos secos de Yucatán.
El operativo del Servicio de Administración Tributaria (SAT), de la Secretaría de Hacienda fue en contra de la procedencia ilícita de Embarcaciones en sitios como Yucalpetén, en Progreso, Yucatán.
Se informó que el objetivo es el de prevenir actividades ilícitas y asegurar la legalidad de todas las embarcaciones. Esta acción, llevada a cabo en colaboración con las autoridades de Comercio Exterior, tuvo como propósito embargar de manera preventiva aquellas embarcaciones que carecieran de la documentación adecuada.
El énfasis en la legalidad y el cumplimiento de las normativas fiscales fue evidente en cada etapa del operativo. Desde la notificación a los encargados hasta el plazo otorgado para regularizar la situación que es de 10 días hábiles, el SAT dejó en claro su compromiso con la transparencia y el cumplimiento de las leyes.
A pesar de las reacciones encontradas entre los empleados, la comunidad local respaldó firmemente estas acciones. Reconocieron la importancia de identificar y evitar la presencia de embarcaciones robadas o importadas ilegalmente, muchas veces con documentación falsa para eludir impuestos.
Apenas en semanas anteriores, se informó de sentencias en Estados Unidos contra integrantes de la llamada Mafia Cubana en Quintana Roo y Yucatán que, entre otros aspectos de tráfico de personas, reconocieron el robo de embarcaciones de recreo en Florida y Texas, para su posterior traslado a la costa yucateca y compraventa.
Las marinas inspeccionadas en esta ocasión, de entre 22 establecimientos turísticos registrados, fueron, entre otras, Silcer, Rojano, Alacranes, Solari, Paraíso y el Faro.
De entre 2 mil embarcaciones recreativas, quedaron en embargo 400, entre lanchas y yates de diversos tamaños y precios, que van desde 20 mil hasta 500 mil dólares e incluso podría haber algunas con valor de un millón de dólares.
La revisión de documentos estuvo a cargo de auditores fiscales de la federación.
