El secretario general de Gobierno, Florencio Salazar Adame reveló que las familias de los 71 detenidos por el desalojo del 28 de abril, en la Autopista del Sol han rechazado el apoyo jurídico que se les ofreció.
La mañana del miércoles 4 de mayo, se conoció que el Juzgado Primero de Distrito, con sede en Chilpancingo había fijado una fianza por 20 mil 500 pesos para cada uno de los 71 trabajadores del volante y pobladores de la Sierra detenidos por la Policía Federal (PF).
De acuerdo con la sumatorio general, el monto global del recurso planteado equivale a un millón 455 mil 500 pesos, pero hasta la tarde del jueves 5, nadie había recurrido al Juzgado de referencia para depositar dicha fianza.
La causa, que hasta el momento la juez de la causa no ha determinado si las acciones cometidas durante la jornada del jueves 28 de abril encuadran en el delito de terrorismo, para el que no existe fianza por tratarse de un delito considerado como grave.
El domingo 1 de mayo, en una reunión realizada en la residencia oficial Casa Guerrero, el gobernador Héctor Astudillo Flores ofreció el apoyo jurídico a las familias de los detenidos, para efecto de que en los casos en que se lograra acreditar la inocencia pudieran abandonar la prisión.
Dicho respaldo se canalizaría por medio de la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos (Coddehum), que preside Ramón Navarrete Magdaleno.
Hasta este jueves, ninguna de las familias ha tomado el respaldo, ya que al parecer han preferido la defensa de abogados particulares.
Salazar Adame aclaró que la única manera en que el Gobierno de Guerrero puede respaldar a los detenidos es en la asesoría jurídica, de ninguna manera con la aportación de recursos económicos.
De hecho, dijo que facilitar el acompañamiento legal ya es un gesto de buena fe, porque la afectación que se provocó con los bloqueos del 28 de abril fue severa, tanto al interior de la cabecera municipal como a la infraestructura de la Autopista del Sol.
