El coordinador administrativo de la Secretaría de Desarrollo Social de Sinaloa, Carlos Baltazar Castro Olivas, enfrentará en libertad provisional el proceso que se le sigue por los delitos de peculado y negociaciones ilícitas, tras la compra de colchones en mal estado y disfrazados como nuevos que fueron entregados como nuevos a los damnificados por las lluvias.
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Sin embargo, podría pisar de nuevo la cárcel si en la reanudación de la audiencia, el próximo martes, el juez lo vincula a proceso.
En la audiencia inicial ante el juez de control y enjuiciamiento penal, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, se dio a conocer que el funcionario estatal compró los colchones a sobreprecio a dos proveedores, quienes además de no estar registrados ante el gobierno del estado, ni siquiera sus empresas no pertenecen al giro comercial.
Francisco Benjamin Langrave Buelna, amigo del imputado, recibió dos transferencias, una de un millón 350 mil pesos y otra más de 270 mil pesos.
Mientras que la empresa El Mariachi, con sede en Jaliscom recibió un pago de un millón 350 mil pesos. En total, el recurso que se presume como quebranto al erario público es de casi tres millones de pesos.
De acuerdo con el Ministerio Público, fue el ex secretario de Desarrollo Social Raúl Castaños quien presentó la denuncia contra Carlos Baltazar Castro Olivas, quien se reservó su derecho a declarar.
Una vez dada a conocer la imputación, el juez de la causa decretó como medida cautelar la prohibición de salir del estado al imputado y, atendiendo la petición de duplicidad de término realizada por la defensa, fijó como fecha para audiencia de vinculación el próximo martes 23 de octubre a las 10:30 horas.
