El Consejo General del Instituto Electoral de Coahuila aprobó por unanimidad en lo general y por mayoría en lo particular, solicitar una ampliación de casi 6 millones de pesos a su presupuesto 2023 para lo que resta del año.
Entre las razones estaba una partida para cubrir los gastos de honorarios de los despachos especializados que llevan los casos de un presunto crédito fiscal al SAT y un requerimiento de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje respecto de la liquidación de extrabajadores del extinto Partido Joven.
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En sesión extraordinaria realizada este lunes, durante la cual se presentaron posturas en contra por parte de tres de los siete consejeros electorales, se aprobó finalmente por mayoría la propuesta emitida por la Comisión de Finanzas que preside el Consejero Presidente Rodrigo Germán Paredes Lozano, de una ampliación por 117 mil pesos para el pago de noviembre y diciembre a los despachos mencionados.
La propuesta también incluía cubrir otros imprevistos como el incendio de las oficinas de Monclova, que requirió de 7 millones de pesos para reconstruirse, “el convenio con el INE por más de 3 millones de pesos que son mecanismos de recolección tampoco se contempló en el presupuesto del 2022 que le tocó aprobar a la anterior presidencia”.
Otro rubro son las consultas de pueblos indígenas y afroamericanos “y ya las estamos llevando a cabo, lo que estamos pidiendo no es ni siquiera la cantidad que ya gastamos”, dijo Paredes Lozano.
Además se regresarán 2 millones y medio de partidas etiquetadas que no se podrán ejercer ya que estaba previsto para cubrir candidaturas independientes del proceso electoral 2023 que finalmente no fueron aprobadas, “lo que habla que para el cierre estaremos requiriendo nada más 3 millones y medio de todo lo que gastamos extraordinario en proceso electoral”.
En entrevista el titular del Consejo General del IEC, expresó que en el caso del crédito fiscal que se generó en 2019, cuando todavía presidía el organismo Gabriela María De León Farías, fue hasta este 2023 que el SAT notifica al IEC de un pago de más de 2 millones de pesos, debido a lo cual se debió contratar un despacho fiscal especializado cuyo cobro equivale al 35 por ciento del crédito, es decir más de 700 mil pesos.
El otro tema son 6 millones de pesos por concepto de convenios con 21 extrabajadores del extinto Partido Joven donde con atribuciones que no le correspondían el entonces liquidador inscribió al IEC como deudor solidario, aquí para el despacho especialista en materia laboral se aprobó un esquema de una iguala mensual por 50 mil pesos “para atender todos los asuntos laborales del instituto”.
Ambos asuntos no estaban contemplados en el presupuesto de este año porque fueron enterados durante el mismo, en tanto que consejeros como Juan Antonio Silva Espinoza, que votó en contra y estaba desde 2018.
“Siempre había guardado silencio y ahora que estos temas nos botan nunca había dicho nada, me parece que hay que ser consecuentes y hay que tener responsabilidad sobre estos puntos”.
Señaló que sería peor no pagar la asesoría de los despachos especializados, ya que se deben defender los intereses del instituto y atender estos asuntos.
“Que tienen por sí mismos plazos y términos legales que ya estaban corriendo y que necesitábamos atender directamente y autorizar a los despachos jurídicos, si no presentamos una defensa adecuada pues tendríamos que pagar los 2 millones de pesos que nos está requiriendo el SAT y los 6 millones de los ex trabajadores del Partido Joven”.
Ambos juicios están en proceso y en el caso del segundo se logró que 20 convenios se declararan improcedentes y quedó sólo uno, pero recientemente “13 o 16 de estas personas se fueron al amparo y estamos trabajando en la defensa de ese amparo para que sea improcedente”.
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