La Suprema Corte de Justicia de la Nación determinará si es o no constitucional el “impuesto ambiental” que entró en vigor en mayo del presente año en el estado de Baja California, porque un ministro admitió a trámite la controversia constitucional que interpuso la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo Federal contra dicho gravamen.
El impuesto fue impulsado por el gobernador Jaime Bonilla Valdéz y aprobado por el Congreso Local, el cual se aplica a las gasolinas, al diésel y al gas natural y licuado, por la emisión de gases a la atmósfera.
La Comisión de Hacienda y Presupuesto del Congreso de Baja California reformó los artículos 134, 135, 136 y 156 de la Ley de Hacienda.
La Consejería Jurídica del titular del Poder Ejecutivo Federal señala en su controversia que dicho impuesto invade atribuciones, porque sólo le compete aplicarlo a las autoridades federales.
De igual manera, menciona que el comercio de hidrocarburos es una actividad que sólo la administración federal puede gravar, porque así lo establece el artículo 73 de la Constitución Federal.
El ministro dio un plazo de 30 días hábiles a los Poderes Ejecutivo y Legislativo de Baja California para que respondan la demanda.
Asimismo, ordenó informar de este asunto a las Cámaras de Diputados y Senadores para que contesten si su esfera de competencias fue invadida y de ser así, podrán sumarse a la controversia.
RLO
