El Congreso de Chihuahua aprobó reformas a la Ley del Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia con el fin de conceptualizar las obligaciones de la Fiscalia General del Estado (FGE)y del Instituto Estatal Electoral (IEE) en materia de violencia política contra mujeres.
El diputado Miguel La Torre Sáenz dio cuenta de la competencia que tendrán ambas dependencias en esta materia, señalando que a la FGE le corresponde promover y proteger el ejercicio de los derechos humanos de las víctimas y ofendidas por violencia política.
“A la Unidad de Igualdad de Género del Instituto Estatal Electoral, le corresponde prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia política en contra de las mujeres”, apuntó el diputado del PAN.
Al detallar las obligaciones que tendrá el IEE en esta materia, dijo que deberá recopilar estadísticas sobre la realización de violencia política en el ámbito electoral, la cual tiene que permitir diagnosticar el problema y diseñar acciones concretas.
Así como realizar una difusión permanente en los medios de comunicación respecto a las conductas, acciones u omisiones que conllevan a la violencia política, la prevención, formas de denuncia y conciencia sobre la erradicación de la violencia política en contra de las mujeres.
A este dictamen se agregó la petición del diputado Rubén Aguilar Jiménez, integrante del PT, en la que se solicita la destitución de funcionarios públicos que hayan incurrido en casos de violencia política.
Además, diputadas del PRI, Morena, Panal y PVEM exigieron al gobernador Javier Corral Jurado la destitución de Pedro Ramírez Godínez, coordinador técnico de la Secretaría de Salud, por llamar "pendeja" a la diputada Rocío Sáenz Ramírez, luego de cuestionar al secretario de Salud, Ernesto Ávila Valdez.
Tras lo anterior, se cuestionó que el funcionario haya sido amonestado con 15 días de descanso sin goce de sueldo en su período vacacional.
Por ello, Sáenz Ramírez advirtió que lo denunciará por violencia política ante las autoridades correspondientes.
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