Un grupo de profesores de la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y organizaciones aliadas irrumpieron violentamente las instalaciones de la radiodifusora "94.1 La Mejor de Puerto Escondido," que se localiza en la región de la Costa, realizando acciones vandálicas y reteniendo al personal administrativo y a dos locutores.
Los inconformes además atentaron contra la infraestructura del inmueble, como la destrucción de mobiliario urbano, cámaras de video-vigilancia, y pintarrajearon los muros de la referida radiodifusora.
Asimismo, haciendo uso de la fuerza y sin ninguna mediación con las autoridades locales, los maestros de la Sección 22 mantienen retenidos a las y los trabajadores de este medio de comunicación, entre los que se encuentra la periodista Nayeli Aldán, así como técnicos, operadores y personal administrativo.
Antes de la agresión, el Gobierno de Oaxaca expresó su condena ante este tipo de hechos que vulneran el Estado de derecho, así como al ejercicio periodístico, el derecho a la libertad de expresión, así como el derecho al trabajo y al libre tránsito -y desde luego- al derecho de la niñez oaxaqueña a recibir la educación que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos les otorga.
A través del secretario general de gobierno, Carlos Santiago se hizo un llamado a la dirigencia de la Sección 22 para que deponga su actitud y se conduzcan por las vías institucionales, pero sobre todo, a poner fin a todo acto ilegal y de presión que dañan los derechos fundamentales del Pueblo de Oaxaca.
El funcionario exigió a las maestras y maestros de Oaxaca regresen en lo inmediato a las aulas, así como a reponer las clases perdidas e iniciar satisfactoriamente el calendario escolar vigente en todo el estado.
Carrasco afirmó que otorgará todas las facilidades a los concesionarios y trabajadores de "94.1 La Mejor de Puerto Escondido," y de todos los medios de comunicación con presencia en el estado, para que presenten las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General de Justicia del Estado, a fin de proceder conforme a derecho en contra de quien o quienes resulten responsables de los delitos que llegaran a configurarse.
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