El cambio del uso de suelo de ciertos predios en la ciudad tiene a representantes de vecinos con la atención puesta en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal donde este jueves se aprobarán las modificaciones para que 47 obras se puedan realizar.
La ALDF discutirá, basada en el artículo 41 de la Ley de Desarrollo Urbano, los cambios de uso de suelo en 47 predios de la ciudad para realizar obras de viviendas, oficinas y comercios en Azcapotzalco, Iztacalco, Xochimilco, Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo, Tlalpan e Iztapalapa.
Mientras líderes de vecinos de estas zonas reclaman que se trata de una medida producto de actos de corrupción, los legisladores consideran que cualquier ciudadano puede acceder a ese beneficio para cambiar el uso de suelo, realizar obras o remodelar las ya existentes.
Josefina MacGregor, vocera de la Asociación Suma Urbana, dijo que "el artículo 41 deja a discreción de la autoridad la planeación urbana. Todo el mundo tiene que cumplir la ley pero elige a quién le da una excepción; a ti te deja construir una casa, pero a otros los deja tener un Estadio Azteca. Desde 2010, se han utilizado para actos de corrupción. Diecinueve cambios de uso de suelo se han construido fuera de la ley".
En entrevista para Notivox MacGregor explicó que para poder realizar una construcción en el DF, se debe comprobar ante la ley que el proyecto beneficia a la colonia en aspectos como estructura, movilidad y convivencia social.
"¿En qué benefician las zonas habitacionales donde venden departamentos en edificios de veinte pisos? En nada. Por ejemplo, desaparecen aéreas verdes. Hay una zona en Constituyentes que debía ser 70 por ciento área y se redujo a 30 por ciento. No hay infraestructura en la zona, no es lo mismo una casa con 10 habitantes que un edificio de 20 pisos con diez personas en cada uno y sean 2 mil habitantes", detalló.
Carlos Hernández Marín, presidente de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana de la Asamblea Legislativa del DF, defendió la posibilidad de hacer cambios en el uso de suelo al argumentar que todas las solicitudes que se hacen son analizadas por igual y pueden ser rechazadas o aprobadas bajo ciertas condiciones.
"Cuando sesiona el comité técnico, solamente se aprueban condicionados o se rechazan. Deben cubrir las necesidades de movilidad, condiciones de recurso hídrico y si hay un tema de impacto, deben tener medidas de mitigación. Tienen 90 días para cumplirlas a partir de que se ha hecho el cambio de uso de suelo y si no lo cumplen, queda sin efecto", explicó en entrevista para MILENIO.
Hernández Marín aclaró que son 47 solicitudes de cambio de uso de suelo, de las cuales tres piden una modificación de zonificación y una es solicitada con un amparo de un particular.
Al ser cuestionado sobre las consecuencias del cambio de uso de suelo en las colonias, el legislador dijo que se tiene que revisar el entorno donde se realiza la obra antes de aprobarse el cambio.
Acerca de que los desarrolladores inmobiliarios sean los que presionan a la autoridad para otorgar el cambio en el uso de suelo, aclaró que las solicitudes vienen de los particulares para cualquier tipo de obra y no necesariamente grandes desarrollos.
"Ese discurso de que 41 (de las solicitudes) son del interés de desarrollos inmobiliarios no tienen ningún fundamento. El interés es de los particulares", dijo.
Sobre los requisitos que se necesitan para hacer modificaciones al uso de suelo, Hernández Marín destacó dos puntos: la colocación de una manta fuera del edificio para hacer del conocimiento de los vecinos la próxima modificación y la realización del estudio de impacto ambiental, para el que los interesados deben contratar a un despacho o consultora ambiental y presentar ese documento ante Seduvi (Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda).
