El ex tesorero de Monterrey, Julián Hernández Santillán, fue presentado ante una jueza de control y se salvó temporalmente de ser imputado en una segunda carpeta judicial, en la que la actual administración municipal lo acusa de peculado por 34.5 millones de pesos.
La diligencia, que estaba para este miércoles a las 09:00, inició con una hora de retraso y sólo duró 10 minutos, porque la defensa del ex funcionario argumentó desconocer los detalles de la nueva investigación que realiza el agente del Ministerio Público de la Subprocuraduría Anticorrupción, Esaú Manzano González.
Ante ello, la jueza Irma Morales Medina suspendió la audiencia y la difirió para el próximo 10 de enero. Aunque en la breve diligencia no se dieron los pormenores de la nueva carpeta judicial que le integran a Hernández Santillán, trascendió que se le acusa de peculado.
Lo anterior, porque supuestamente se desviaron los montos de los descuentos vía nómina que les hicieron a los empleados del municipio en el transcurso de los meses de agosto, septiembre y octubre de 2015.
Presuntamente, en esos meses hicieron los descuentos para que los empleados estuvieran al corriente con los proveedores que les otorgaron créditos diversos.
Sin embargo, y pese a que los trabajadores cumplieron con sus pagos, el ex tesorero y sus subalternos no cubrieron los adeudos y la actual administración desconoce a dónde fue a parar el dinero que descontaron y cuya irregularidad salió a relucir en una auditoría.
Con este nuevo delito, Julián Hernández Santillán suma dos carpetas judiciales, en la primera quedó sujeto a procedimiento judicial al ser vinculado a proceso por el delito de ejercicio abusivo de funciones públicas, el cual enfrenta junto con la ex alcaldesa de Monterrey, Margarita Arellanes Cervantes y siete de sus ex colaboradores.
Lo anterior, derivado de la contratación de un despacho jurídico para defender a los funcionarios aun cuando ya hubiesen terminado su labor en el servicio público.
En esa primera investigación, actualmente, Hernández Santillán y sus coacusados esperan la resolución definitiva de los amparos que promovieron contra el auto de vinculación por dicho delito, en el cual les concedieron la suspensión definitiva, por lo que el procedimiento judicial quedó suspendido al concluir la etapa intermedia.
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